En su arribo a San Juan, el presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Miguel Piedecasas, visitó a los titulares de los juzgados federales, realizó una actividad académica junto al Foro de Abogados y hasta saludó al gobernador Sergio Uñac. En un hueco de su ajetreada agenda, habló con DIARIO DE CUYO.
– En el Tribunal Oral Federal hay una vacante desde hace 8 años y se unificó el concurso con otra baja. ¿Cuándo se definen las dos ternas?
– Mi expectativa es que este concurso debería tener las ternas elevadas antes de noviembre. Después ingresan al Poder Ejecutivo y al Senado.
– La demora en cubrir las vacantes afectan severamente el servicio de Justicia…
– Hemos reducido notablemente la cantidad de concursos en trámite. Hemos elevado 213 ternas contra 45 de los cuatro años anteriores. A fin de año vamos a llegar a 260 ternas, lo que marca un trabajo importantísimo del Consejo. Coincido en que afecta el funcionamiento de la Justicia Federal, pero que estamos reconvirtiendo esa situación es verdad.
– ¿A qué se debe ese cambio?
– A una cultura del trabajo, a la organización y normalización del funcionamiento del Consejo y a los consensos que se fueron logrando.
"Los concursos están durando un año y pensamos bajar el promedio a nueve meses".
– ¿El gobierno kirchnerista trababa el funcionamiento del Consejo?
– Se había conformado una situación que propiciaba una Justicia de excepción porque había una ley de subrogación que era inconstitucional, que permitía a cualquier conducción del Consejo, por simple mayoría, designar jueces subrogantes. Entonces si uno podía nombrar rápidamente un subrogante perdía mucho interés el trámite de los concursos. La Corte declaró inconstitucional la ley el 4 de noviembre de 2015, al mes siguiente asumí como presidente y comenzamos a normalizar los concursos. Había un 30 por ciento de vacantes y hoy estamos en un 17 por ciento.
– El Foro de Abogados ha cuestionado el método local de selección de jueces, sobre todo para los cargos en la Corte. ¿Qué opina sobre el sistema de elección?
– No me pronuncio sobre la situación de otras instituciones que no están dentro de mi competencia. Sí propicio siempre que los procedimientos de selección sean los más amplios posibles, transparentes, con control ciudadano y que se elijan las personas que posean la idoneidad técnica y la aptitud funcional del más alto nivel. Aliento que en todas las provincias la selección de magistrados inferiores se corresponda con las pautas que ha establecido la Constitución nacional, con concursos abiertos, de antecedentes, oposición, entrevistas y audiencia pública, como el que tenemos a nivel nacional. Lo lógico sería que ese criterio pueda repetirse de acuerdo a las particularidades y necesidades de cada jurisdicción.
– Pese a ese sistema que se ve como el ideal, la Justicia nacional sigue cuestionada. ¿Qué autocrítica hay desde el Consejo o críticas hacia otras instancias?
– El Consejo ha tomado las medidas para que la sociedad tenga datos objetivos de la gestión judicial. Primero, auditorías, que nunca se hicieron en la historia. Segundo, adherimos e implementamos la ley de acceso a la información pública, que facilita el conocimiento de los datos que circulan por el Poder Judicial. Tercero, hay que apuntar a una Justicia digital. Anoto como deuda que para exigirle a la Justicia hay que darle los recursos técnicos, edilicios y humanos para una buena gestión. Necesitamos que esté vigente el Código Procesal Penal con el sistema acusatorio, un nuevo Código Penal, normas como la de extinción de dominio y otras más, y cuerpos periciales adecuados, para que se investiguen delitos complejos en materia tecnológica, económica y financiera de ingenierías muy sofisticadas.
– El Gobierno local implementará el sistema acusatorio con el nuevo Código Procesal Penal, ¿qué opina?
– Estoy a favor.
– ¿Cómo han sido las experiencias del sistema acusatorio en otras provincias?
– El resultado es muy positivo. Estoy convencido que una de las transformaciones tiene como base el nuevo Código Procesal Penal, en el que los fiscales investigan y los jueces son garantes del proceso.
– La provincia también implementará el juicio por jurado. ¿Qué le parece?
– Lo veo como un mecanismo de participación ciudadana y una cultura frente al conflicto mucho mayor. Esto requiere de formación, infraestructura, recursos técnicos y un acompañamiento institucional importante. La realización del juicio por jurado será un avance enorme.
– La Corte local extendió el horario de trabajo de los jueces y a nivel nacional se habló del tema, pero no se instrumentó. ¿Cuál es su postura?
– Son recursos interesantes para llevarlos adelante y soluciones complementarias, depende de cada uno de los lugares. Si tuviera que arrimar una definición institucional apostaría todo a los recursos tecnológicos para la accesibilidad y que la Justicia esté presente todos los días y a toda hora para la sociedad, con mecanismos como los que tiene la banca electrónica.