La Iglesia dejó trascender preocupación por el clima de violencia y conflictividad social crecientes en el país, en particular tras el asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra.
Obispos católicos atribuyeron esta efervescencia social a varios factores concatenados, pero sobre todo -advirtieron- a las protestas cada vez más virulentas favorecidas por "una pobreza estructural que no logra revertirse". Un cuadro de situación que, aseguraron, se agrava por los insistentes reclamos no atendidos, las huelgas y paros "desproporcionados", y una distribución de los ingresos "escandalosa" y "desigual".
Los hombres de la Iglesia también atribuyeron cierta responsabilidad al gobierno, al criticar al matrimonio presidencial -en especial a Néstor Kirchner- por su estilo de confrontación permanente y por intuir teorías conspirativas de quienes no comparten "el proyecto" gubernamental. También criticaron que las administraciones con impronta k hayan permitieron que las manifestaciones callejeras se conviertan en un "método sistemático" de protesta, sean éstas a favor o en contra del modelo kirchnerista.
Si bien esta inquietud episcopal no es nueva, los obispos consideraron ahora que la problemática se agudizó por la división y politización cada vez más marcadas entre quienes dicen ostentar la representación gremial de los trabajadores. "En una sociedad donde crece la marginación no sería de extrañar que se repitan manifestaciones violentas por parte de sectores excluidos del mundo del trabajo, que podrían degenerar en peligrosos enfrentamientos sociales", alertó un portavoz eclesiástico desempolvando un documento del Episcopado de tres años atrás.
Desde el gobierno también cuestionaron que la Iglesia no contribuya, con sus declaraciones reiteradas y "gestos", a apaciguar los ánimos caldeados. Entre otros planteos eclesiásticos, no cayó muy bien en ambientes gubernamentales que el titular de la Pastoral Social, obispo Jorge Casaretto, haya relativizado el proyecto de ley del diputado Héctor Recalde (FPV-CGT) para pagar ganancias de las empresas a los trabajadores.
"En la situación concreta de un país con alto porcentaje de excluidos, si esto va a significar nada más que un beneficio para personas que están en blanco solamente, y no toman en cuenta a aquellos que están en negro, hay que pensarlo bien", alertó en relación con la iniciativa fogoneada por el líder de la CGT, Hugo Moyano.
Por el contrario, Casaretto propuso que la prioridad debe ser "trabajo en blanco para todos", y reiteró que el desafío político de cara al bicentenario patrio 2010-2016 debe ser el "diálogo" como instrumento para consensuar políticas de Estado para erradicar la pobreza y a exclusión social.
Tampoco fue fácil de digerir para los residentes de la Casa Rosada que el obispo de Río Gallegos, Juan Carlos Romanín, haya pedido al gobernador santacruceño acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que hace un año ordenó reponer al procurador de Santa Cruz echado por Néstor Kirchner.
Hace un mes, Cristina Fernández respaldó al mandatario provincial e, ironías mediante, cuestionó la actitud de la oposición que analizaba intervenir la Provincia. "Gobernador Peralta: Me lo quieren intervenir", lamentó al comenzar un discurso y luego afirmó: "Pero no importa, le damos asilo en la Casa Rosada. Dios mío, después hablan de federalismo".