El puntazo que Jonatan Alejandro Aguilar recibió en la nariz fue tan grave que le terminó costando la vida. La agresión al joven de 20 años se produjo en el Penal de Chimbas, en donde purgaba una pena por robo. Se trató de una pelea entre presos y el asesino nunca fue encontrado, pero la provincia fue condenada la semana pasada a pagarle una indemnización a los padres de la víctima por 548 mil pesos, más intereses hasta la fecha del efectivo cobro. ¿Por qué la sanción al Estado? Porque el Servicio Penitenciario tiene la obligación y la responsabilidad del cuidado de los internos, quienes en la cárcel no pierden el derecho a la vida, según explica el fallo del juez Pablo Oritja, del Noveno Civil.
La demanda por daños y perjuicios la había realizado Juan Marcos Zapata Marcone, abogado de los padres del fallecido, quien señaló que apelará la sentencia, ya que no está de acuerdo con que el magistrado haya dispuesto la aplicación de intereses a tasa pasiva del Banco Nación, sino que busca que se instrumente una tasa activa. Por su parte, en Fiscalía de Estado, que defiende el patrimonio de la provincia, aseguraron que también acudirán a la Cámara de Apelaciones para revertir la resolución.
El hecho se produjo el 5 de diciembre de 2011 y ya hay antecedentes de sentencias civiles en contra de la provincia por la omisión del personal penitenciario en el cuidado de los internos. Justamente, el Noveno Civil, a cargo en ese entonces de Elena de la Torre, tras una demanda también encarada por Zapata Marcone, condenó al Estado debido a que un reo fue víctima de una violación (ver aparte).
En ese marco, la falta de cuidado y seguridad en la salud y vida de los presos le termina costando al Estado. De hecho, el 21 de junio murió en el interior del Penal el recluso José Luis Alé Maldonado en una supuesta pelea entre presos, en la que tampoco se sabe quién fue el autor. La muerte de Alé Maldonado, junto a otros hechos, llevó al Ministerio de Gobierno a un descabezamiento de la plana mayor del Servicio Penitenciario.
En el fallo por el fallecimiento de Aguilar, Oritja, nutrido de jurisprudencia, señaló que no se cumplió el mandato constitucional de preservar la vida y la seguridad de los internos y que no se produjo la debida vigilancia. Y resaltó que los penitenciarios deben impedir la fabricación y tenencia de armas caseras.
"Hubo falta de vigilancia, lo que configuró el incumplimiento del deber de custodia".
JUAN MARCOS ZAPATAAbogado de la familia
Detalles
Castigo por una violación
El 24 de octubre de 2003, un ladrón fue trasladado al Penal Chimbas y luego de ser derivado al Pabellón 6, un grupo de presos lo atacó y uno de ellos lo violó. El abogado Zapata Marcone entabló la demanda por daños y perjuicios y el 31 de agosto de 2010, la entonces jueza de primera instancia, Elena De la Torre, condenó a la provincia a pagarle una indemnización por 110 mil pesos, más intereses. Fiscalía de Estado apeló, pero la Cámara confirmó la sentencia el 3 de octubre de 2012. El argumento planteado por el abogado y ratificado por los magistrados fue la falta de cuidado del Estado en la seguridad de los internos.
Otra muerte en el Penal
José Luis Alé Maldonado apareció muerto el 21 de junio y luego de que se pensara que se había suicidado, la autopsia reveló que había fallecido por asfixia debido a un estrangulamiento. El hecho se sumó a un cúmulo de serias irregularidades en el Penal, como que Víctor Camargo siguiera comandando a su banda bajo detención y el secuestro en requisas de un gran cantidad de drogas, celulares y armas de fabricación casera. Por todo eso, el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, descabezó a la cúpula del Servicio Penitenciario y desplazó a una treintena de empleados ligados al control en la cárcel.