San Juan, 31 de agosto.-Presentaron hoy en la Legislatura el anteproyecto de ley para legalizar la objeción de conciencia. La figura permite al ciudadano “resolver un dilema ético entre una obligación legal y lo que sus convicciones intimas le dictan”, explicó a DIARIO DE CUYO on line Miriam Andujar, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Cuyo, y miembro de la ONG Compromiso por la familia y la niñez, que impulsa la ley.
Andujar explicó que entregaron una copia del anteproyecto a los cuatro bloques legislativos “porque se busca el mayor consenso posible”, y fue el dijo que fue el diputado del Frente para la Victoria, Javier Ruíz quien tomó la iniciativa con más interés.
La fundamentación está basada en legislación existente, como la ley provincial de San Luis, artículos de la ley Nacional de Salud Reproductiva, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto San José de Costa Rica.
El texto fue redactado por abogados de la ONG y de la Facultad de Derecho de la UCCuyo, tiene diez artículos, podrá aplicarse por ejemplo a los ámbitos de la salud, o de la educación, aunque quedará prohibido utilizarla para obligaciones tributarias. “ Se apela a la responsabilidad del ciudadano, no es una evasión de responsabilidad, partimos de que las leyes deben cumplirse, por lo que el Estado, en el ámbito público, debe garantizar que otro reemplace al objetor de conciencia”, explica Andujar.
La objeción de conciencia quedará registrada administrativamente a través de un formulario de declaración jurada, que el objetor completará cuando se le presente la ocasión.
El articulado prevé el recurso de amparo como un modo de garantizar el derecho de objeción de conciencia. Cuando no funcione la vía administrativa, el objetor recurre a la justicia para que resuelva.
En este punto, la ley crearía la figura de “amicus curiae”, un especialista al que puede recurrir el juez si tiene duda sobre la objeción de conciencia sobre la que tiene que resolver tiene asidero.