Antes del mediodía del jueves 25 de julio, los represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, condenados tres semanas antes en San Juan por delitos y tormentos cometidos durante la última dictadura, cruzaban el portal del gigantesco Hospital Militar Central, sobre la coqueta avenida porteña Luis María Campos. Ambos iban custodiados por agentes del Servicio Penitenciario Federal. Iban a hacerse un chequeo médico; De Marchi solicitaba un dermatólogo, Olivera quería atención psiquiátrica. Los guardias los dejaron en el sector del tercer piso destinado a atender a los detenidos por delitos de lesa humanidad y salieron al pasillo, a esperar. Pero la atención médica demoraba más de lo esperado. Entraron a ver qué pasaba y entonces los médicos les dieron la noticia: los presos que habían llevado se habían escapado del hospital. El rastrillaje de los 11 pisos de esa mole de 60.000 m2 de cemento, por la que a diario transitan más de 1.200 almas entre personal y pacientes, fue totalmente inútil. Entonces un nombre, en los entretelones de la investigación que seguiría, comenzó a volverse clave: Marta Noemí Ravasi, nada menos que la esposa de Olivera y exfuncionaria en San Juan durante los años de plomo, trabaja como psicóloga en ese hospital. Justamente, en la especialidad en la que el exjefe de Inteligencia del RIM 22 era atendido al momento de fugarse.
La Justicia Federal ordenó allanar ayer mismo el centro de salud para buscar datos que ayuden a dilucidar cómo se escaparon los dos represores. Pero hay una fuerte sospecha de que la mujer de Olivera tuvo mucho que ver, con la complicidad de algunos trabajadores del hospital, y de que urdió un plan para que su marido y De Marchi pudieran irse sin ser atrapados. Esta versión, con matices, fue manejada por varios medios de �información nacionales. Y también estaban al tanto en la Justicia Federal de San Juan, aunque acá negaron la versión de que haya sido Marta Ravasi quien solicitara a los jueces federales sanjuaninos el traslado de su marido y de De Marchi al hospital donde ella se desempeña.
Sin embargo, la psicóloga está en el ojo de la tormenta y muy comprometida. Sin nombrarla, ayer el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, se refirió a ella cuando pidió que se investigara a fondo lo sucedido y al personal del Hospital Militar Central, “ya que el mismo no colabora operativamente ni en la adopción de recaudos de seguridad”, expresó, para agregar que “no es posible descartar que personal del mencionado hospital haya incluso prestado colaboración, toda vez que un familiar de Olivera cumple funciones en el referido nosocomio”.
Horas más tarde Agustín Rossi, ministro de Defensa, fue directamente al hueso: le ordenó al Ejército iniciarle un sumario a la esposa del represor y a todos los militares y civiles “posiblemente vinculados a los hechos”. Y tomó también otras dos medidas radicales. La primera, descabezar la plana de mando del hospital y pasar a retiro a ocho miembros del personal jerárquico, por la gravedad de lo sucedido. La segunda, prohibir que los hospitales militares atiendan a “quienes se encuentran procesados con prisión preventiva o condenados penalmente”, para evitar que vuelva a suceder una fuga. A semejante alarma institucional llegó el derrotero de los dos represores, que comenzó en San Juan y que incluyó casi 1.200 km de recorrido, 8 días con vigilancia estricta y una huida increíble en silencio, por la puerta trasera y en cuestión de minutos.
EMPEZÓ CON UNA FIESTA
El día que el furgón Mercedes Benz gris metalizado del Servicio Penitenciario Federal llegó a San Juan para llevarse a Olivera y De Marchi, en el Penal de Chimbas estaban de festejo. Era el martes 16 de julio y se celebraba el Día del Agente Penitenciario. El chofer y los dos agentes de Buenos Aires fueron recibidos por el director del Penal, Leonardo Barac. Comieron y durmieron en el Casino de Oficiales de la cárcel, y al otro día, temprano, salieron con los dos detenidos en la caja enrejada de la combi.
Esa misma noche llegaron al Complejo Penitenciario Federal Nro 2 de Marcos Paz, una cárcel de máxima seguridad con alambrados, sensores de movimiento y pantallas de circuito cerrado.
El jueves 25, con una autorización de la Justicia Federal, los represores fueron trasladados al Hospital Militar Central. Su turno con los médicos se hizo sospechosamente largo. Y serán las cámaras de seguridad del hospital las que muestren cómo Olivera y De Marchi, condenados a prisión perpetua y 25 años de cárcel respectivamente, terminaron deslizándose por alguna calle de Palermo.