La decisión judicial de impedir el uso de reservas para pagar deuda pública sin el aval parlamentario puso las cosas en su lugar, en el Congreso, allí donde el gobierno no quiso llevar la cuestión porque sabe que ya no cuenta con los números necesarios.
La crisis fue originada por la necesidad del gobierno de cubrir los agujeros fiscales del 2010 y por el mecanismo elegido: los decretos de necesidad y urgencia.
Sin embargo, será finalmente en el Congreso donde se debata y quizás se resuelva el embrollo.
La judicialización de la política es consecuencia de la sumatoria de los errores que se cometieron desde el 14 de diciembre, cuando se dictó el primer DNU que creó el Fondo del Bicentenario, y de la falta de capacidad de consensuar medidas que tiene un gobierno acostumbrado a hacer sin consultar. De esta forma, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal puso límites al gobierno que, sin embargo, se mostró más preocupado por explicar que Martín Redrado no entrará al Banco Central el lunes, que por ver cómo resuelve el problema de fondo: de dónde saldrá el dinero para cubrir el bache fiscal.
El 2009 cerró con un superávit fiscal de 17 mil millones de pesos y un déficit financiero de siete mil millones. De no haber sido por el dinero aportado por el FMI, unos diez mil millones, los números habrían sido peores.
La administración de Cristina Fernández ya puso sus manos en los fondos de la Anses, luego de nacionalizar los fondos de la AFJP, del Banco Nación, de Lotería Nacional y hasta del PAMI.
Ahora intentaba hacerlo con las reservas del Banco Central.
Pero la resistencia de Redrado a instrumentar el Fondo del Bicentenario y el escándalo que se armó por su intento de remoción colocaron el tema en un nivel nunca imaginado por el gobierno.
El laberinto en el que se ingresó, con medidas judiciales cruzadas, denuncias opositoras y amenazas oficiales y aristas internacionales, parecía no tener salida.
A partir del fallo de la Cámara, el tema deberá ingresar, necesariamente, en el carril del que nunca debió haber salido.
Será el Congreso el que debata, a partir del 1 de marzo, la posibilidad de utilizar reservas para pagar deuda. Y será en el Congreso, a partir del martes, donde se discuta la situación de Redrado.
Sin embargo, este caso pasó a ser secundario y pocos son los que ven muchos días más a Redrado en su cargo.
Las gestiones de los Kirchner acostumbraron a la sociedad a una política de enfrentamiento permanente. De llevar las cosas al límite. Pero esta semana el gobierno tuvo que dar marcha atrás. Incluso antes del fallo judicial. El martes, la Presidenta se vio obligada a retroceder en su estrategia respecto a la remoción de Redrado y tuvo que dar participación, aunque tarda, al Congreso.
Cristina intentó presentar su convocatoria a las comisiones parlamentarias como un hecho natural, casi lógico, como una especie de graciosa concesión. Pero en realidad fue la consecuencia de la miopía con la que se encaró la cuestión, sin tener en cuenta el balance de poder surgido de las elecciones del 28 de junio.
Esa nueva estrategia, pergeñada ante lo insostenible de la situación, fue acompañada con furibundos ataques a la justicia, los medios y a su propio vicepresidente.
Los estertores oficiales llegaron al punto de suspender un importante viaje a China, con el argumento de que Julio Cobos no cumple con su rol institucional.
El último revés le fue propinado, nuevamente, por la Justicia. La Cámara ratificó lo actuado por la jueza María José Sarmiento, a quien desde la Presidenta para abajo se calificó como una "jueza delivery" y se amenazó con un proceso en el Consejo de la Magistratura.
Como decía el general Juan Domingo Perón, "la única verdad es la realidad".
Y la realidad, hoy, es que pasaron 40 días desde la firma del DNU que habilitaba el uso de reservas para el pago de la deuda y transcurrieron 17 días desde que la Presidenta y sus 14 ministros firmaran otro decreto removiendo a Redrado del Banco Central, y sin embargo ninguna de esas medidas está vigente.
El poder se escurre de las manos más rápidamente de lo que se consigue. El problema es que quienes lo ostentan tardan en reconocerlo, o por lo menos intentan disimularlo hasta que ya no se tiene.
El gobierno nacional ve como se multiplican los frentes de conflictos y, como siempre, intenta redoblar la apuesta.
Aníbal Fernández, quizás el mejor exégeta de los Kirchner, resumió lo que piensan en el gobierno por estos días con una frase más que preocupante: La estrategia oficial "salió mal porque hay jueces que se meten en lo se tienen que meter". Toda una definición.