En el Gobierno ya tienen listo el cálculo de lo que les tendrán que prestar a los titulares de pensiones derivadas (la mayoría son viudos) para que puedan tener su propia jubilación. La diputada Amanda Díaz, encargada del Centro de Asesoramiento Previsional, informó ayer que el monto asciende a 12 millones de pesos. El dinero saldrá de las arcas de la Caja de Acción Social y servirá para que unas 1.400 personas completen los aportes que exige la Anses para conceder el beneficio. El organismo provincial contratará un seguro para asegurarse el recupero y en algunos casos, hasta pedirá garantías.

La decisión política de prestar el dinero fue anunciada el año pasado por José Luis Gioja. La idea es que la Caja de Acción Social ponga la plata para que los que reciben pensiones derivadas puedan cancelar de contado en la Anses lo que les falta para jubilarse.

Una vez que se jubilen, el organismo que dirige Guillermo Ruiz les descontará mensualmente un monto de dinero a los beneficiarios hasta recuperar los 12 millones de pesos. Falta definir el código de descuento, para finalmente implementar el sistema, según dijo ayer el funcionario.

En San Juan había muchos casos de viudas y viudos que, si bien tenían una pensión por su cónyuge fallecido, no se han podido jubilar por no tener los aportes mínimos que exige la ley. También hay casos de personas solteras que están imposibilitadas de trabajar y que perciben el beneficio de algunos de sus padres fallecidos. Ante esa situación, el Gobierno decidió aplicar un sistema similar al de las jubilaciones por moratoria, que son las que recibieron las personas que, contando con edad para jubilarse, no lo podían hacer por no tener los aportes. En esos casos, la Anses abrió un régimen excepcional para que se pudieran retirar y se hizo cargo de financiar los aportes.

Según calculó la diputada Díaz, el promedio de las deudas que tienen los viudos ronda los 10.000 pesos, mientras que los que menos deben llegan a los 2.500 pesos y los que mantienen los mayores compromisos llegan a los 16.000 pesos.

Para acceder al beneficio, las mujeres deberán tener 60 años o más y los hombres un mínimo de 65 años, por eso al final los que encuadran en esos requisitos son unos 1.400, cuando en un principio se estimó que podían ser el doble.

Una vez detectado este sector que había quedado sin posibilidades de acceder a la jubilación, la administración giojista anunció en septiembre del año pasado la implementación de un sistema extraordinario para que efectivamente pudieran recibir una jubilación. Como no daban con el perfil y los requisitos que exigía la Nación para el esquema original, el Gobierno sanjuanino decidió prestarles la plata que les hace falta para pagarle a Anses los aportes que necesitan en cada caso para retirarse. Y se los descontará en cuotas del beneficio que perciban a futuro, hasta recuperar el total del dinero.

El mecanismo de jubilación con moratoria se lanzó en el 2006 y en San Juan el Gobierno hasta abrió una oficina los trámites.