La fiscal Liliana Marinero solicitó ayer en su alegato que el comisario Gustavo Padilla, ex jefe del Depósito Judicial de 9 de Julio, sea condenado a dos años de prisión en suspenso por haber pedido, bajo autorización judicial, una Toyota Hilux para fines laborales, pero que, al final, la utilizó para cuestiones personales. De esa manera, la representante del Ministerio Público apuntó al máximo de la escala penal (va de un mes a dos años de cárcel) y señaló que los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público se configuraron dado que hay constancias de su solicitud para usar el vehículo para tareas laborales, lo que al final no sucedió, ya que el propio acusado reconoció que fue a visitar en la camioneta a un familiar en Calingasta.
Sus abogados defensores, Alejandro Miquelarena y Marcelo Navas, plantearon la inexistencia de un hecho delictivo, dado que, a lo sumo, sería una falta administrativa, al punto de que el primero de ellos dijo que la autorización judicial de uso de la movilidad no prohibía una utilización particular. La jueza Mónica Lucero es la encargada de dictar sentencia y convocó a las partes para hoy a las 17.
El caso de la Toyota Hilux fue la punta del iceberg sobre las irregularidades que se cometían con los vehículos del Depósito Judicial. La autorización de la camioneta provino del entonces juez penal Pablo Flores, lo que le valió un procesamiento en su contra, dado que la disposición de las movilidades secuestradas es una facultad exclusiva de la Corte de Justicia, quien las cede, inclusive, a favor de instituciones y no de particulares.
En cuanto a Padilla, no es la única causa en su contra, ya que enfrenta otras dos: una, por haber engañado al titular de un Corsa y haberlo retirado a través de un acta con una firma falsificada. La otra, por haber participado del desguace de un Peugeot 206, al que se le sacaron distintas autopartes.