Los obispos argentinos no logran que aumente el aporte de los católicos para financiar las actividades de la Iglesia, pese a un plan de más de una década para concientizar sobre la necesidad del sostenimiento del culto y desterrar la idea de que ésta es rica o está solventada por el Estado y el Vaticano.
"A la gente le cuesta advertir que la actividad ordinaria y permanente de la Iglesia necesita ser sostenida, ya que no vive sólo de las grandes colectas", reconoció el obispo porteño Joaquín Sucunza, responsable del Consejo Episcopal de Asuntos Económicos.
El Plan Compartir -tal el nombre del programa- en la práctica arroja un magro aumento en el ingreso de dinero a las arcas eclesiásticas, según se quejan los obispos.
El balance de esta iniciativa al que que los obispos llevaron a Roma la semana pasada en el marco de la visita "al límina" al Papa y los dicasterios vaticanos, revela que el aporte promedio de los argentinos que acuden a la misa dominical apenas ronda los 28 centavos per cápita.
Limosna que además tuvo una fuerte caída en los últimos meses a raíz de "la crisis" por la falta de monedas, aseguran algunos párrocos. La cifra, que pone a muchas parroquias en situación de estreches económica, es "exigua" si se toma en cuenta que ese ingreso significa el 50 por ciento del presupuesto eclesial, explicaron a esta agencia desde el organismo episcopal. Con ese dinero debe solventarse una asignación fija mensual para el sacerdote que ronda los 600 pesos, dinero que -subraya el informe eclesiástico- sólo el 30 por ciento de ellos opina es suficiente para cubrir sus necesidades. No es muy distinto el balance de las dos grandes colectas anuales, Cáritas Argentina en junio y Más por Menos en setiembre, cuyas recaudaciones se destinan a la asistencia y promoción de los sectores más empobrecidos. Pese a que crecieron porcentualmente los últimos tres años, el aporte solidario por persona promedio no supera los 20 centavos. Por este motivo, los obispos realizarán este domingo 22 de marzo, la quinta campaña consecutiva de concientización, a fin de que los católicos aporten dinero, y no sólo dones y tiempo, para el servicio de la obra evangelizadora, en especial "a favor de los más desprotegidos, pobres y sufrientes", dice la convocatoria. Por otra parte, el programa eclesiástico para el sostenimiento no contempla de momento renunciar a los casi 15 millones de pesos anuales que el Episcopado recibe del Estado, a razón del 0,021% del presupuesto nacional. Una "obligación constitucional" -tal la consideración eclesiástica- que supo de históricos meses de atraso y que recién se regularizó durante la gestión de Néstor Kirchner, pese a la tensión por el obispado castrense. Según los obispos, ese dinero cubre "entre el 5 y el 7 por ciento de los servicios religiosos" y se destina a la asignación para los obispos -equivalente al 80 por ciento de la remuneración de un juez de primera instancia-, a solventar estudios en seminarios y a pagar jubilaciones de sacerdotes retirados. La Iglesia cuenta también con exenciones impositivas -no paga Ganancias o el impuesto Inmobiliario, pero sí servicios como luz, gas y teléfono- y recibe aportes indirectos, como el caso de los colegios católicos integrados al sistema público de gestión privada. Sin contar otras sumas que en forma discrecional llegan a manos de obispos considerados "amigos" de Balcarce 50, a través de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), un recurso que las administraciones kirchneristas limitaron a su mínima expresión. En tanto, el gobierno tiene cajoneado un proyecto de ley para modificar el actual status constitucional y promover que sean los creyentes quienes solventen el culto, a través de aportes voluntarios deducibles del impuesto a las Ganancias. La iniciativa parlamentaria prevé que sólo los católicos destinen hasta el 5 por ciento del importe neto anual a sostener la Iglesia, y no todos los contribuyentes del Estado nacional, profesen o no ese credo, como ocurre en la actualidad. Sin embargo, fuentes parlamentarias vinculadas al kirchnerismo confiaron a DyN que el proyecto no será desempolvado en breve "y menos en un año electoral", donde el gobierno no quiere ponerse a la Iglesia en contra.