El 9 de enero de 1996, el gobierno de Jorge Escobar adjudicó el servicio eléctrico local al grupo chileno denominado Agua Negra SA, la empresa que cotizó la mejor oferta en la licitación pública internacional, con un monto de 63 millones de dólares. De esa manera, la electricidad pasaba a manos privadas y marcaba el fin de la administración estatal, que estuvo a cargo de Servicios Eléctricos Sanjuaninos (SES). La concesión fue el puntapié inicial de una serie de privatizaciones que también incluyó al Banco San Juan. Fue el signo de la época, ya que a nivel nacional se impuso una oleada privatizadora liderada por el entonces presidente Carlos Menem y su ministro de Economía, Domingo Cavallo, que tuvo su réplica en San Juan bajo la gestión del justicialista Escobar.

Entre las razones que se esgrimieron para que el servicio pase a manos privadas se encontraba que la prestación no era lo suficientemente buena. Fue así que el Gobernador tomó la decisión durante su segundo período al frente de la provincia y contó con el respaldo de la Cámara de Diputados. El ex SES pasó a la empresa Agua Negra SA, de capitales chilenos, quien logró la adjudicación del 90% del paquete accionario de la denominada EDDESA (Empresa de Energía Sanjuanina SA), tras presentar una oferta de 63 millones de dólares. Pero en el año 1997, con el lanzamiento de una nueva imagen corporativa, nace Energía San Juan. Desde entonces, la firma presta el servicio de electricidad en la provincia. A la par se creó el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), que es el encargado de verificar que la firma lleve a cabo las inversiones pautadas en el contrato. Además, el organismo convoca anualmente a la revisión tarifaria de la prestación.

"Esto es lo más importante que nos ha sucedido y sabemos que nos queda un largo camino y habrá que trabajar con el EPRE para que el precio y la calidad del servicio sean tales como lo esperan todos los sanjuaninos", manifestó Escobar durante su discurso. Con el paso del tiempo, el ente regulador ha multado a la firma por no llevar a cabo las inversiones pautadas o por una mala prestación del servicio. Desde la firma se ha argumentado que las tarifas están desactualizadas y que por los incrementos de los costos de inflación, no han podido llevar adelante las obras. A su vez, desde el EPRE retrucan que ellos tienen que cumplir el plan de inversiones contemplado en el contrato.