La procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó llegó a los Tribunaes de Comodoro Py para declarar ante el juez Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano en la causa en la que se la acusa por presunto fraude contra la administración pública, abuso de autoridad, coimas, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública, por la compra de un edificio en la calle Perón al 600 por más de 43 millones de pesos, para que funcionen oficinas de su dependencia.
En 113 páginas, la Procuradora planteó los argumentos de su defensa, en la que es su primera indagatoria en una causa por corrupción. Gils Carbó negó las acusaciones del juez, quien la señala por haber violado "los deberes a su cargo", y por haber participado del núcleo de funcionarios que supuestamente"diagramaron un complejo entramado" para que "en forma directa o a través de intermediarios" se haya adquirido el edificio de la calle Perón 667.
La operación se concretó por 43.850.000 pesos, e incluyó el subdirector general Guillermo Alfredo Bellingi considerado el "cerebro de la operación". El contrató a Juan Carlos Thill (su medio hermano) para hacer de intermediario con Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios S.A. Esto permitió que obtuviera una comisión de 7,7 millones de pesos, "por encima de los valores de mercado".
Además, la justicia sostuvo que la compra fue por un "monto significativamente mayor a los 27 millones de pesos que se hubieran pagado de haberse concretado la operación relativa a la licitación pública N° 17/2012, que sólo dos meses antes había sido dejada sin efecto".
La defensa de Gils Carbó en 12 argumentos:
1) "Se pagó el precio por metro cuadrado más bajo de las ofertas y 1,2 millón de pesos menos del valor total tasado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación".
2) La Procuración no abonó comisión alguna por la operación (la causa plantea una comisión de 7,7 millones de pesos).
3) Sobre la acusación de que la compra habría estado decidida de antemano, previo acuerdo con ejecutivos de la sociedad propietaria del edificio, respondió: "Diez áreas técnicas internas y dos organismos externos (Tribunal Nacional de Tasación y Escribanía General de la Nación) analizaron las ofertas y fiscalizaron el proceso de compras. Los responsables de todas las áreas de la Procuración que intervinieron son funcionarios de carrera, que participaron en múltiples licitaciones anteriores".
4) Negando la operación que plantea un beneficio para ella, el escrito sostiene: "Gils Carbó no cobró ni se benefició por esta operación, ya que no ingresó dinero a su patrimonio por fuera del salario que como funcionaria judicial de carrera percibe en su cuenta sueldo desde hace 30 años".
5) Apuntó contra Guillermo Bellingi: "Las presuntas irregularidades penales y administrativas se circunscriben a maniobras de Guillermo Bellingi y Juan Carlos Thill. Está probado que el único que cobró una comisión indebida fue Thill.
6) Dándole fuerza a la acusación contra su segundo, dijo que le inició "un sumario administrativo y suspendió" a Guillermo Bellingi. "Esto ocurrió inmediatamente después de que la Procuración se enterara de la relación de éste con Juan Carlos Thill y de este último con la inmobiliaria Jaureguiberry".
7) Reiteró que las operaciones fueron "ocultas" para ella y personal de la Procuración. "Guillermo Bellingi defraudó la confianza de la Procuración General de la Nación. Ninguna de las autoridades del organismo conocía (tal como lo afirman testigos e imputados de la causa) a Thill, el vínculo de éste con Bellingi y la relación de este último con Jaureguibery".
8) Negó que Bellingi sea "su segundo" en jerarquía. "El cargo era de “subdirector general”, no fue el segundo en jerarquía del área de Administración, ni tuvo una relación de confianza ni formó parte del gabinete de la procuradora. Fue designado con “dependencia directa”, como cientos de personas en la Procuración, y en ese carácter la procuradora podía destinarlo a distintas tareas en distintas áreas del organismo".
9) Sobre la acusación respecto a la predeterminación y elección del lugar "simulando llamado a licitación", Gils Carbó dijo que "antes de la licitación pública por la que se compró el edificio de Perón fracasaron en 2 años otros 4 intentos de adquisición de un inmueble para el Ministerio Público Fiscal (…) En la cuarta licitación las áreas técnicas de la Procuración habían puesto serios reparos respecto de la funcionalidad de los inmuebles ofertados. Se fueron modificando aspectos no esenciales de las licitaciones para permitir la participación de una mayor cantidad de oferentes. Esta decisión fue positiva ya que en el quinto llamado se ofrecieron cinco inmuebles, entre los que figuraba el ubicado en la calle Juan Domingo Perón.
10) Negó cualquier sobreprecio en la compra. "La operación no implicó en modo alguno un perjuicio para el erario público. Por el contrario, se adquirió un bien a un valor inferior al tasado por el organismo correspondiente y de plena funcionalidad para el proyecto institucional del Ministerio Público Fiscal".
11) Se excusó de las irregularidades administrativas. "La presunta irregularidad investigada ocurrió por fuera del expediente administrativo. Cada decisión de la procuradora contó con el correspondiente dictamen concordante del área de Asesoría Jurídica".
12) Defendió a su ex marido y negó su participación en la causa. "Esos supuestos también fueron desacreditados por completo en el expediente. En la causa actual, no existe ningún elemento que involucre a la procuradora general de la Nación con las irregularidades investigadas".