La posibilidad de escrachar a los deudores de la cuota alimentaria con la publicación en los medios gráficos de la lista que los comprende volvió a tomar cuerpo ahora. En la sesión de la Cámara de Diputados de la provincia de ayer pasó a comisión una iniciativa con esa propuesta.

Se trata una modificación a la Ley 7072, que creó el Registro de Deudores de Cuota Alimentaria, que establece la alternativa de dar a conocer la lista que contiene los nombres de los padres que están separados y que no han cumplido con la obligación de destinar una parte de su salario a la alimentación de sus hijos.

El autor es el jachallero Horacio Espejo, el mismo que junto con la ex legisladora Rosalía Garro, actual asesora del Gobierno, promovió en octubre del año pasado la misma idea, pero que no prosperó. Incluso Garro había planteado la posibilidad por primera vez en el 2008.

Según Espejo, el proyecto no salió el año pasado porque no hubo tiempo suficiente de analizarlo y después vino el recambio de legisladores de fin de año, por lo que la iniciativa pasó a archivo. En el bloque oficialista, que tiene amplia mayoría en el recinto, no lo descartaron y dijeron que lo analizarán en comisión.

Se trata de los padres que deben tres o más cuotas alimentarias consecutivas o que adeuden cinco o más cuotas alternadas. Por orden del juez de Menores, quedan anotados en el Registro que depende de la Secretaría Administrativa de la Corte de Justicia de San Juan. De acuerdo a las constancias de la lista, figuran los nombres, domicilios y documentos de identidad de los padres que no están al día. En ese listado ‘negro‘ hay personas que figuran (y persisten) desde la misma creación de ese instrumento, allá por el año 2000. A octubre del año pasado figuraban unos 150.

Según la misma norma, que regula el funcionamiento del Registro de Morosos, cuando una persona queda inscripta, sufre una serie de sanciones. En primer lugar, el listado se comunica a la Dirección de Tránsito y Transporte, a la empresa EMICAR, concesionaria de la entrega del carnet de conducir, a los juzgados de Paz y de Faltas o a la División Tránsito de la Policía para que esos organismos le retengan, inhabiliten o ni siquiera le entreguen el carnet al incumplidor.

Asimismo, la reglamentación prevé que toda persona que sea contratista, proveedor o acreedor del Estado provincial, pida un préstamo en la Caja de Acción Social o trabaje en la administración pública de cualquiera de los tres poderes y en los municipios, debe presentar el certificado que expide el Registro de Deudores en el que consta su situación. En el caso de que figure una mora en el pago de la cuota alimentaria, la repartición debe retener el saldo negativo y transferirlo a la cuenta que dispuso el Juzgado para el depósito.

Ahora, según el proyecto del diputado Espejo, le quieren sumar la publicación en los medios gráficos de la provincia, como una forma de incentivar a que los deudores se pongan al día tras el escrache. También se propone que en el caso de que los incumplidores estén desempleados, se los tenga en cuenta en las oficinas de empleo de los municipios para incluirlos en alguna alternativa laboral y de esa manera puedan hacer frente al compromiso.

Hay un antecedente en Mendoza. En octubre del año pasado, los medios gráficos mendocinos publicaron un listado de 291 padres que no pagaban la cuota alimentaria de sus hijos y que integraban el Registro de Morosos Alimentarios. Los diarios exhibieron nombre y apellido, número de DNI y de expediente, junto con el juzgado que llevaba la causa.