La Rioja, 9 de julio – La Legislatura riojana aprobó sobre tablas, y con la oposición radical, una ley de protección de glaciares que deja en manos de la provincia el poder de policía sobre sus recursos naturales.

La norma aprobada anoche, fue presentada sobre tablas por el presidente del bloque oficialista, Mario Guzmán Soria, y comprende el control de los glaciares y periglaciares que existen en el territorio frente a la futura explotación minera.

La norma se aprobó cuando falta menos de una semana para que el Congreso debata una norma nacional sobre glaciares y en medio de denuncias de legisladores de la oposición que acusan al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de entregar beneficios impositivos a la minera canadiense Barrick Gold.

Así lo explicó esta mañana el vicepresidente primero de la Cámara, Sergio Casas, a la filial local de Radio La Red: "Creemos que la megaminería se va a hacer en La Rioja de una manera prudente y responsable". Casas afirmó que ‘en la medida en que los gobiernos intenten una explotación no contaminante‘ y ‘controlada‘ por una comisión de la que participemos ‘todos, no sólo el gobierno‘, se podrán ‘generar importantes recursos‘ para la provincia.

El legislador justificó la celeridad en el tratamiento de la ley al sostener que ‘la idea es que vuelva al Congreso de la Nación‘ para que el conjunto de las provincias ‘tengan una presencia en la discusión‘ general.

La norma contó con el respaldo de la mayoría oficialista, pero el Frente Cívico y Social no la acompañó porque no fue considerada en comisión.

Guzmán Soria sostuvo en la sesión que ‘sería ocioso leer‘ tanto ‘el objeto de la ley como su articulado‘, porque ‘es nada más y nada menos que poner en órbita del poder del estado provincial estos fenómenos‘ naturales, recursos hídricos ‘de carácter público‘.

La ley crea un registro de glaciares y periglaciares y "establece que cualquier actividad humana que se realice debe estar precedida por el control del impacto ambiental‘, dijo el titular del bloque.

Explicó también que como ‘el año pasado se dictó una ley en el Congreso que luego fue vetada, en consecuencia queda un vacío legal y los riojanos deben asumir la defensa‘ de estos recursos.

De acuerdo con la norma, el poder de policía estará en manos de la secretaría de Ambiente y de una comisión de la Cámara integrada por representantes de cada bloque.