El juez federal Edmundo Carbone hizo lugar ayer a una medida cautelar presentada por el Grupo Clarín que había solicitado la suspensión de la aplicación de los artículos 41 y 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
El primero de los artículos cuestionados es el que declara intransferibles las licencias y acciones de empresas de comunicación audiovisual y sólo acepta su venta con la previa autorización de la Autoridad de Aplicación en la que el oficialismo tiene una mayoría de cinco directores sobre un total de siete. El segundo es el que fija un plazo máximo de un año para que los propietarios de medios se adecuen a los límites que establece la Ley en cuanto al número de licencias que pueden tener.