El pago de trabajos que no se hicieron para terminar un jardín maternal y arreglar la planta de agua potable en Ullum significó un perjuicio de casi 420 mil pesos para las arcas del municipio. Frente a las pruebas, el juez Martín Heredia, del Cuarto de Instrucción, procesó al exintendente Daniel Albarracín y a quien fuera su secretario de Obras, Horacio Ortiz, por fraude contra la comuna. Si bien ambos cuentan con instancias de apelación, el fallo representa el primer paso de cara al juicio oral. Los dos exfuncionarios fueron procesados sin prisión preventiva, ya que la escala penal del delito contempla la excarcelación.
En el juzgado reinó el hermetismo sobre la resolución, pero fuentes calificadas confirmaron que el magistrado reunió las suficientes pruebas para considerar probable, en esta instancia, la responsabilidad de los implicados. El fallo se veía venir, ya que también hubo un dictamen del Tribunal de Cuentas, el órgano encargado de controlar el gasto público, que le formuló cargos a Albarracín por el perjuicio patrimonial que ocasionaron esas mismas obras (Ver recuadro).
Todo se desencadenó en febrero del año pasado, cuando el actual intendente del departamento, el basualdista Leopoldo Soler, radicó una denuncia contra su predecesor. La hizo luego de que una auditoría interna revelara que se certificaron avances de obras en el jardín maternal y en la planta de agua potable que no se correspondían con la realidad.
Según las fuentes, el juez Heredia llevó a cabo pericias, las cuales llegaron al mismo resultado. El jardín maternal está ubicado en el Barrio Ullum II y está a medio terminar. El contrato que se firmó con la cooperativa Villicum establecía que además debían hacerse las terminaciones exteriores y la pintura, las instalaciones eléctricas y sanitarias, la parquización, iluminación y senderos peatonales y nada de eso está.
De acuerdo a la auditoría, los trabajos estaban contemplados en tres expedientes. En dos de ellos, se certificaron tareas por casi el 100 por ciento, pero en la práctica se hizo apenas el 7,5 por ciento. El tercero señala que se realizó el 62,5 por ciento de la obra, pero como en el contrato no se especificaron los ítems que se debían llevar a cabo, no se pudo determinar el verdadero avance de obra.
En el caso de la remodelación de la planta de agua potable, se pagó un avance de obra total del 54 por ciento a la empresa PVC San Juan, pero en la práctica no se hizo nada, según revelaron las fuentes. El perjuicio calculado en ambas obras fue de 184 mil y 235 mil pesos respectivamente, lo que da un total de casi 420 mil pesos.
La lupa judicial se posó sobre Albarracín porque era el máximo responsable del municipio, contaba con el poder de decisión para autorizar las contrataciones y era el encargado de dar las órdenes específicas para que se realizaran las inspecciones de obras. En el caso de Ortiz, fue el secretario de Obras y Servicios de la comuna y como tal, tenía la misión de constatar y verificar los avances de las obras. De hecho, según las fuentes, fue el que firmó los certificados de avances que dispararon los desembolsos.
No fueron los únicos casos que denunció Soler, ya que además cargó contra Albarracín por otros hechos, los que están en la mira de la Justicia (Ver datos).
Más denuncias
Faltante de celulares
Soler denunció que Albarracín compró con fondos públicos 13 celulares de alta gama para su gabinete y que se dejó uno para él. Sin embargo, cuando el actual intendente tomó las riendas del municipio, no encontró los equipos por ningún lado. Fue así que intimó a su predecesor para que devolviera los aparatos y como no tuvo respuesta, recurrió a la Justicia. La causa se gestó en febrero del año pasado y recayó en la Fiscalía que conduce Carlos Rodríguez.
Firma y chatarra
El actual jefe comunal también denunció a su antecesor por la presunta adulteración de una firma en una orden de pago. La tercera es por la supuesta donación de chatarra del obrador municipal a un particular, quien la había solicitado y terminó retirando los elementos, pero que no tenía la autorización del Ejecutivo comunal.
Ambas acusaciones recayeron en la Fiscalía que conduce Ana Lía Larrea, que lleva el caso junto al juez Martín Heredia.
Sanción administrativa
En abril, el Tribunal de Cuentas dispuso una sanción administrativa contra el exintendente Daniel Albarracín y el exsecretario de Obras, Horacio Ortiz. El organismo de control del gasto público los encontró responsables del perjuicio patrimonial que derivó de las presuntas irregularidades en la construcción del jardín maternal y la remodelación de la planta de agua potable. En sintonía con la investigación judicial, comprobaron que se pagaron trabajos que no se hicieron por casi 420 mil pesos.
El Tribunal no sólo sancionó a Albarracín y a Ortiz, sino que también incluyó al exsecretario de Gobierno, Rolando Chiffel. En principio, los tres fueron castigados a devolver de sus bolsillos los cerca de 420 mil pesos, a razón de 140 mil pesos cada uno. No obstante, todos se encuentran en la etapa de descargo, por lo que si presentan pruebas que justifiquen su accionar y los desembolsos pueden zafar del cargo y no pagar. Si el organismo los sanciona definitivamente, los tres pueden pedir que el mismo Tribunal revea su decisión o apelar a la Corte de Justicia. Si el dictamen queda firme, Fiscalía de Estado realiza el juicio de cobro.