Apenas unos días después de haber sido electo diputado provincial, la Justicia Penal procesó a Roberto Correa por el delito de abuso de autoridad. El justicialista es funcionario de la Municipalidad de Rivadavia y se lo acusa de haber evitado que se ejecute una clausura por la jueza de Faltas municipal y ahora podría tener que enfrentar un juicio. Si bien no tendrá problemas para asumir, en su mandato de diputado podría llegar a ser echado si es que la causa prospera. Junto a él fue procesado el actual presidente del Concejo Deliberante, Ramón Molina.
La resolución fue adoptada el martes por la jueza Correccional Nº 3, Mónica Lucero, pero recién trascendió ayer. La medida implica que hay semiplena prueba que compromete a Correa y a Molina como presuntos autores del delito de abuso de autoridad, que conlleva una pena de prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo. Si eventualmente son condenados, no irían presos porque se trata de un castigo excarcelable.
La causa se disparó por una denuncia que hizo la jueza de Faltas de Rivadavia, Gladys Abelín, que los acusa de interferir en el cumplimiento de una clausura dictada por ella misma en febrero de 2008 contra una conocida parrillada ubicada en calle Rastreador Calívar. Según surge de la prueba, en enero de este año, Correa y Molina, éste último en ese entonces a cargo del Ejecutivo en reemplazo del intendente Elías Alvarez, firmaron un acta acuerdo con el propietario del negocio (Juan Manuel Carcelero) dejando en suspenso la medida por el término de 6 meses, plazo en el que debía tramitar la habilitación municipal.
La jueza considera en su resolución que los imputados ‘abusaron de sus poderes en ejercicio de las funciones de funcionario público‘. Como argumento del procesamiento, dice que dictaron una orden contraria a la Carta Orgánica de Rivadavia y que se atribuyeron competencias que no les corresponden, porque la carta magna dice que son atribuciones de la jueza de faltas.
Correa, que fue electo el 23 de octubre como diputado proporcional del Frente para la Victoria, tiene que asumir el 10 de diciembre en su nuevo cargo y su carácter de procesado no se lo impedirá. Pero a futuro se podría ver complicado aún más. Si la causa continúa, podría terminar llenado a juicio y la Justicia debería solicitar que los diputados le quiten la protección que le dan los fueros para sentarlo en el banquillo de los acusados. Y si es condenado, sus propios compañeros en el recinto legislativo deberían sacarlo del cargo. Esto, porque nadie puede ser funcionario público, ni siquiera electo, si la Justicia comprueba que cometió un delito.
Molina está al frente del Concejo Deliberante y no se topará con problemas para seguir. Su mandato termina el 10 de diciembre y el proceso se extenderá mucho más allá de esa fecha. El actual concejal fue candidato al mismo cargo, pero no fue electo.
El abogado defensor de los dos funcionarios, Rubén Pontoriero, aseguró ayer que ‘conociendo los hechos, vamos a apelar sin ninguna duda‘.