En la previa a los festejos de Año Nuevo, la jueza penal María Inés Rosellot ordenó suspender el trámite de unos 300 juicios por expropiaciones que involucran más de 1.200 millones de pesos y que ponen en jaque a las arcas públicas. La medida frena los pagos que debe hacer el Estado por esas causas y tiene efecto hasta que se determine si, como sospecha el Gobierno, existe una escandalosa red delictiva de jueces, funcionarios y abogados que inflan el precio de los inmuebles para sacarle plata de más a la provincia. La administración giojista contrató como abogado externo al penalista Rubén Pontoriero, quien ya se constituyó en parte querellante.

La resolución de la jueza tiene fecha 30 de diciembre y es en respuesta a una medida cautelar que presentó el Gobierno, para que se congelen las causas. En el escrito, Rosellot argumentó su decisión diciendo que hay que evitar que la Provincia se siga viendo afectada con pagos millonarios que derivan de presuntas operaciones delictivas en juicios de expropiaciones -es el procedimiento judicial que se usa para determinar cuánto tiene que pagar el Estado por la adquisición de un inmueble privado-.

La suspensión alcanza a todas las causas que hay en los juzgados de primera instancia, en la Cámara Civil y en la Corte de Justicia. Tanto a las que están en trámite como a las que tienen sentencia firme en ejecución. Es decir, quedaron congeladas todas las liquidaciones y los pagos que debe afrontar el Estado por expropiaciones.

Para la Provincia es un alivio, ya que los 1.200 millones de pesos que están en juego por viejos procesos representan una amenaza a las finanzas estatales. Pasa que dentro de las previsiones presupuestarias, nadie imaginó que por un terreno de 3.000 metros cuadrados, por poner un ejemplo, el Estado iba a ser condenado a poner 17 millones de pesos. Mucho menos que el valor a pagar por el Parque de Mayo ascienda a los 780 millones.

La investigación que encabeza Rosellot se disparó con una denuncia que impulsó el propio José Luis Gioja, cuando empezó a sospechar de que hay connivencia en causas que a la Provincia le costaron valores muy superiores a los de mercado. Sería un escándalo de dimensiones inéditas, ya que la presunción oficial es que abogados, ex funcionarios y hasta jueces, en una suerte de sociedad, hacían negocios apelando a maniobras delictivas para que el Estado pague mucho de lo que corresponde (ver Claves).

La raíz de todo fue un sumario administrativo que el Gobierno hizo contra Norberto Baistrocchi, un abogado de Fiscalía de Estado que actuaba en nombre de la Provincia en juicios de expropiaciones de terrenos del canal Benavídez y del dique Cuesta del Viento, entre otros. Se determinó que fue negligente en su trabajo y fue cesanteado (ver Cronología de pág. 3).

Sin embargo, en la gestión giojista creen que fue más que negligencia y que hay otros actores. No se explican cómo, en las causas donde intervenía Baistrocchi, algunos jueces dejaron pasar irregularidades procesales que ayudaron a exprimir las cuentas públicas, cómo es que hay sentencias por montos desmedidos cuando otros magistrados fijaron montos mucho más razonables en terrenos de similares características y ubicación y se preguntan si es casualidad que Santiago Graffigna sea el abogado de los expropiados en la gran mayoría de los casos.

Fuente calificadas aseguraron que, además de Baistrocchi y Graffigna, en la mira oficial están los jueces civiles de primera instancia Rosalba Marún y Carlos Macchi, a los que se suma el camarista Moisés Moya. Y dijeron que por estas horas, en Casa de Gobierno, se está armando una ampliación de denuncia con pruebas que los podrían complicar.

Para el Gobierno, el caso se ha convertido en prioridad. Gioja y su hombre de mayor confianza, Walter Lima, se encargaron personalmente de armar un equipo para que se meta de lleno en la causa judicial. El asesor giojista Guillermo De Sanctis venía actuando desde hace tiempo en la investigación de las irregularidades, la Fiscalía de Estado ya se hizo parte querellante -actúa María Eugenia Varas- y ahora, el gobernador incorporó a un abogado externo de experiencia como Pontoriero.