El conflicto que DAMSU, la obra social de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), tiene con 15 empleados a los que desvinculó sumó un nuevo episodio. El juez federal Miguel Ángel Gálvez ordenó que los trabajadores deben regresar, por el momento, a sus puestos en la entidad sanitaria hasta que se resuelva el tema de fondo: determinar si deben cumplir sus funciones definitivamente en la obra social o si dependen de la casa de altos estudios, aunque otra posibilidad es que ambas partes lleguen a un acuerdo en conciliación. Con esa resolución, los empleados se presentaron ayer en DAMSU para desempeñar sus tareas, pero las autoridades no les permitieron el ingreso, por lo que labraron un acta ante escribano y le solicitaron a la Justicia que le aplique a la institución una sanción monetaria diaria por incumplir una orden judicial.
El reclamo que se vivió ayer por parte de los trabajadores revivió un conflicto que parecía solucionado. Es que, tras varias idas y vueltas, en la que se incluyó un amparo en el fuero laboral local, el cual fue rechazado, la UNSJ había aceptado que los empleados vuelvan a desempeñar tareas en la casa de altos estudios. De hecho, hace una semana que lo vienen haciendo. Pero ahora, con la medida del juez, deben presentarse en su antiguo lugar de trabajo, en DAMSU.
Quien inició la acción judicial en el ámbito federal, que interviene en conflictos de organismos nacionales como la UNSJ, fue la abogada Anatilde Alvo, afiliada a la obra social. Según indicó la profesional, la presentación la hizo a título personal por el temor a que DAMSU se vea desfinanciada si los 15 trabajadores le inician un juicio laboral por despido injustificado. Alvo argumentó que "podría representar más de 30 millones de pesos en pérdidas si los juicios son ganados, más teniendo en cuenta que algunos de los involucrados tienen entre 35 y 40 años de antigüedad". Tras la presentación, Gálvez le hizo lugar a una medida cautelar para que los hechos se retrotraigan al 31 de agosto, lo que implica que los agentes deben regresar a DAMSU.
Según fuentes oficiales, el motivo que esgrimió la obra social para no dejar entrar a los empleados se debió a que la institución apeló la decisión judicial, aunque otras fuentes indicaron que esa medida no frena la incorporación momentánea de los trabajadores. Con ese escenario, DAMSU, además de que puede ser sancionada con una suma monetaria por cada día que pasa sin acatar la orden, la autoridad que lleve a cabo tal acción puede incurrir en un delito contemplado en el artículo 239 del Código Penal que señala que "será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere" una orden judicial, explicaron las fuentes.
Para la obra social, la situación es clara. Los quince trabajadores son empleados de la casa de altos estudios y deben volver a realizar tareas en esa institución. Es más, en una resolución dictada en 2013 por la UNSJ, se intimó a que DAMSU retorne los trabajadores que hasta el momento venían desempeñando tareas gracias a una licencia de la universidad sin goce de haberes.
Movida judicial local
En los primeros días de septiembre, los empleados de DAMSU presentaron un amparo en el Primer Juzgado Laboral, en su momento, a cargo de Mariano Ibañez (hoy juez de Cámara). Apuntaron a frenar el cambio que la obra social había realizado en las tareas que desempeñaban los trabajadores. El juez se declaró incompetente y la medida fue rechazada.
Salarios
28 Mil pesos en sueldo básico promedio cobra cada uno de los quince trabajadores que desempeñaba tareas en la obra social de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).