Una empleada denunció la semana pasada que fue víctima de violencia laboral, bajo supuestas razones de género, y le apuntó al juez del Primero Civil, Héctor Rollán. Fuentes judiciales indicaron que la presentación la hizo en el Área de Clima y Ambiente Laboral del Poder Judicial y que el hecho habría tenido que ver con las formas y el trato del magistrado, aunque no trascendieron detalles. Rollán ya fue notificado para que haga su descargo, por lo que se desencadenaron los primeros pasos de la investigación interna, la que, con seguridad, incluirá los testimonios de personas que presenciaron la situación, debido a que no se habría producido en un lugar cerrado, como un despacho privado, según expuso la trabajadora.
Desde dicha oficina decidieron, primero, trasladar a la agente hacia otro juzgado del mismo fuero e instancia como medida preventiva. Luego, el personal deberá elevar un informe a la Corte de Justicia, cuyas autoridades determinarán si el caso debe archivarse o enviarse al Área Legal para que se abra un sumario. Si se diese este último escenario, el equipo evaluador también recomendará si la causa debe cerrarse o, por el contrario, señalar que hay elementos para una sanción contra Rollán. El abanico de posibles castigos va desde un apercibimiento a la suspensión en sus funciones por una cantidad de días o hasta un pedido de un juicio de destitución. La palabra final estará en manos del máximo tribunal.
No es la primera vez que el juez está en la mira, dado que el abogado Nicolás Fiorentino había presentado el año pasado una queja formal ante la Corte por malos tratos, al punto de que había dicho que en una audiencia se vivió "una situación violenta y agresiva, al nivel de que yo también me violenté producto de la circunstancia". Es más, en su momento había manifestado que Rollán utilizó un léxico "vulgar" y que "lo vi inclinado a presionar a la persona a la que yo estaba asistiendo, tendiente a que accediera a las pretensiones de la otra parte". Incluso, hay otros abogados que han hecho referencia a sus modos pocos adecuados, aunque han preferido el anonimato.
La nueva polémica que atraviesa el magistrado se da cuando hay una fuerte agenda de género para desterrar desigualdades y tratos denigrantes hacia las mujeres. En el Poder Judicial, la movida la viene encabezando la presidente Adriana García Nieto con, entre otros ejes, la capacitación para funcionarios en perspectiva de género y erradicación de la violencia de género a través de la ley Micaela.
Según trascendió de fuentes oficiales, el presunto hecho de violencia laboral se dio a principios de este mes y la mujer, primero, decidió asesorarse en el Área de Clima Laboral y, después, habría buscado una respuesta del juez para tratar de solucionar el conflicto, cosa que no sucedió. Así, a principios de la semana pasada puso la denuncia, la cual no está encuadrada en un hecho delictivo, sino en el marco de la ley provincial 985-K contra la violencia laboral. En su exposición, hizo referencia a un hecho puntual, en el que hubo testigos, los que deberán contar lo que vivieron. El juez fue notificado hace unos días y tiene la posibilidad de hacer su descargo.
Antecedente
María Elena Videla estaba a cargo del Séptimo Juzgado Civil y había sido suspendida en febrero de 2018 mientras se llevaba adelante un sumario por la denuncia por malos tratos de un grupo de empleados. La situación en el juzgado se había vuelto insostenible, además de que presentaba un atraso considerable en la resolución de causas. Videla inició los trámites jubilatorios y el beneficio le salió en octubre de 2018. El 12 de noviembre del año siguiente, Vilma Balmaceda asumió en el puesto.