Al hacerle lugar a una cautelar, la Justicia frenó la suspensión que el Colegio de Psicólogos le había aplicado a Inés Rodríguez, la jefa Técnica del Centro de Abordaje Integral de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas (Anivi) del Poder Judicial. El planteo lo había realizado la profesional, el cual fue acompañado de un recurso (la cuestión de fondo) con el que apunta a revertir el castigo de inhabilitación por seis meses en el ejercicio de su profesión que había recibido. De esa manera, la sanción de la entidad profesional, que comenzaba a regir a partir del 1 de septiembre, quedará en espera hasta que se resuelva al planteo de fondo en el juicio que se iniciará en el Juzgado Contencioso Administrativo.
El freno de la suspensión fue confirmado por la abogada de Rodríguez, Grace Ann Bridge, y por fuentes judiciales. La profesional explicó que "la medida cautelar se presentó ante el Primer Juzgado Civil (a cargo de Héctor Rollan)", ya que dicho tribunal entiende en las causas en lo contencioso administrativo en la feria extraordinaria que ha dispuesto la Corte de Justicia, en el marco de la Fase 1.
Además de frenar el castigo contra Rodríguez, el magistrado también dispuso el secuestro del expediente del Tribunal de Disciplina del Colegio de Psicólogos, procedimiento que se llevó adelante el martes y que derivó en un reclamo de las autoridades de la entidad en la Corte de Justicia (Ver recuadro). Bridge explicó que el pedido de secuestro del expediente se hizo "a los fines de resguardar la única prueba fehaciente que existe, en el que se acredita la sanción".
En cuanto al cuestionamiento de la resolución del Colegio de Psicólogos, Bridge indicó que "la decisión tiene una serie de vicios en sus elementos esenciales y, fundamentalmente, en el procedimiento que cumplió el Tribunal de Disciplina". En ese marco, manifestó que "el Código de disciplina del Colegio establece una serie de etapas que se deben cumplir para llegar a una resolución. Esos pasos no se han seguido como corresponde. Por ende, entendemos que la resolución es nula".
Además, fuentes judiciales indicaron que uno de los principales planteos que ha hecho Rodríguez es que el Tribunal de Disciplina del Colegio de Psicólogos no tiene competencia para juzgar su desempeño profesional en el ámbito de una causa judicial. Es que el expediente contra la psicóloga se inició por la denuncia que hizo un reconocido bodeguero sanjuanino acusado por abuso sexual contra uno de sus hijos y los hijos de su pareja (su nombre no se da a conocer para proteger la identidad de los menores involucrados en la causa). La profesional fue la que tomó los testimonios a los niños en Cámara Gesell y había elevado un informe al juez que llevaba adelante la investigación, quien finalmente procesó al sospechoso en base a esa prueba, según el denunciante. Tras la denuncia en el Colegio, el Tribunal de Disciplina determinó que Rodríguez "incurrió en una falta grave, implicando dolo, culpa grave y perjuicio importante en contra de los niños", ya que las entrevistas que llevó a cabo en ese expediente "han sido inductivas, tendenciosas o coercitivas, dirigidas en lenguaje avanzado para que pueda entender el niño, no adecuándose a su nivel de desarrollo lingüístico".
Con el fin de dar vuelta la resolución en su contra, Rodríguez planteó que, al ser empleada del Poder Judicial, debería haber sido la Corte de Justicia la que le aplique una sanción, luego de un sumario administrativo, si encontraba alguna irregularidad en el desempeño de sus funciones y no el Tribunal de Disciplina del Colegio de Psicólogos.
Instancias
De quedar firme la suspensión en el Contencioso Administrativo, Rodríguez podrá apelar ese fallo ante la Sala IV de la Cámara Civil. Dicho recurso también suspende la aplicación de la sanción. De recibir otra resolución en contra, podrá llegar a la Corte.
Antecedente
Ante la suspensión de la matrícula por un mes contra una profesional que había dictado el Colegio de Psicólogos, la jueza Adriana Tettamanti, del Contencioso Administrativo, confirmó la sanción en junio pasado. El fallo no fue apelado y quedó firme.
Reclamo y aclaración
Ante el secuestro del expediente que ordenó el juez Héctor Rollan en el Colegio de Psicólogos, su presidenta, Gema Galván, junto a la asesora letrada de la entidad, Marisa Valdéz, se presentaron ante el subsecretario Administrativo de la Corte de Justicia, Mauricio Cerezo, para pedir explicaciones de por qué se había llevado adelante ese procedimiento. Desde el Colegio hicieron referencia a la reunión en su página de Facebook, en la que reflejaron su molestia al indicar que "la institución siempre ha colaborado con los juzgados en causas similares, sin necesidad de que se recurra, a la exigencia compulsiva de actuaciones administrativas". Además, aclararon que "nunca hubo resistencia al cumplimiento" de la medida judicial. En el encuentro que se dio el miércoles, trascendió que quedó en claro que se trató de una medida en el marco de una causa judicial y que es un procedimiento habitual al que está sometido cualquier institución o persona.