Fue concejal en Marbella, España, en donde está acusado por hechos de corrupción, al punto de que un Tribunal del país ibérico le solicitó a la Justicia Federal local su extradición para poder juzgarlo, dado que Carlos Fernández Gámez fue hallado en San Juan. Y su caso no para de tener nuevas aristas. Es que el fiscal Francisco Maldonado y el juez Leopoldo Rago Gallo consideraron que hay dos causas contra el exedil que no están prescriptas, por lo que, según habían resuelto en un juicio anterior, debe ser trasladado hacia tierras españolas para su enjuiciamiento. No obstante, será la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que tendrá la palabra final sobre si los expedientes contra el exedil se extinguieron por el paso del tiempo y, por lo tanto, si corresponde su extradición.
El caso de Fernández Gámez había sorprendido y tuvo alcance internacional, ya que, pese a estar en la mira de la Justicia española por presuntos hechos de corrupción, logró salir de su país frente a las narices de las autoridades. En 2006 ingresó a Argentina y recaló en estas tierras, donde se casó y tuvo dos hijos. No se mantuvo en la clandestinidad, dado que creó la empresa de preparación profesional llamada Europa Coaching. Con ella asesoró a políticos y empresarios de la provincia. Pero una denuncia anónima llegó a la Policía Federal y fue detenido en su hogar el 15 de septiembre de 2017.
Tras el pedido de la Justicia española, el fiscal y el juez federal realizaron el juicio en diciembre de 2017 y decidieron extraditarlo para que enfrente dos de las siete causas por las que querían juzgarlo, debido a que cinco estaban prescriptas, habían informado fuentes judiciales. Todo indicaba que esos dos expedientes prescribían el 25 de febrero de 2019, al punto de que su abogado lo pidió el 19 de marzo de ese año ante la Corte Suprema. Ante el planteo, los ministros del máximo tribunal le enviaron el expediente al procurador General de la Nación, Eduardo Casal, quien el 31 de mayo sacó un dictamen que mantiene el caso abierto, cuyos lineamientos siguieron Maldonado y Rago Gallo en un fallo que salió hace una semana. En la resolución, se resalta que el pedido de extradición de España constituyó un elemento que interrumpió la extinción de la causa por el paso del tiempo, el cual fue realizado el 26 de octubre de 2017.
Para el cálculo de la prescripción, en primer lugar, se debe tener en cuenta que el o los delitos que se juzgan en España deben ser compatibles con los del Código Penal argentino. Según entendieron Maldonado y Rago Gallo, la figura delictiva que le encuadró a Fernández Gámez fue la de malversación de caudales públicos. Definido ese punto, se debe ver el máximo de la pena del delito, que en este caso es de 10 años, por lo que la prescripción se produce tras ese plazo. Así las cosas, si el pedido de extradición fue el 26 de octubre de 2017, la extinción recién se dará en la misma fecha de 2027. No es lo único, debido a que el cómputo de la prescripción también debe hacerse en España, en donde un acto que interrumpió el paso del tiempo fue la declaración de rebeldía de Fernández Gámez del 24 de enero de 2013. En el país ibérico, la malversación de caudales públicos también tiene un máximo de 10 años, por lo que la extinción se dará en 2023. De esa forma, "en ambos países, la acción penal se encuentra vigente", resalta la resolución.
El fiscal Maldonado, además, hizo mención a fallos de la Corte Suprema que señalan que el pedido de extradición interrumpe el curso de la prescripción.
Expulsión
Carlos Fernández Gámez enfrenta otra causa en San Juan. La Dirección Nacional de Migraciones había decidido expulsarlo del país, lo que fue confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. El exconcejal español devenido en coach acudió a la Corte Suprema de Justicia para revertir el fallo, planteo que actualmente se encuentra en estudio en el máximo tribunal.