Cuando caminaba por el centro de la localidad balnearia de Villa Gesell fue detenido por efectivos de la División Operaciones de la Policía Federal el militar retirado Gustavo Ramón De Marchi, quien es uno de los acusados en el megajuicio que lleva adelante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia durante la dictadura militar, según confirmó ayer el juez federal Leopoldo Rago Gallo.

La detención se produjo el lunes, pero recién trascendió ayer. Y tuvo lugar cuando los efectivos policiales que estaban tras su pista le pidieron que se identificara y mostró un DNI, carnet de conductor y tarjeta azul de autorización de manejo de una camioneta Saveiro a nombre de otra persona. Se prevé que el militar retirado llegue a la provincia en los próximos días y quede alojado en el Instituto Penal de Chimbas a la espera de ser indagado en nuevas causas que investiga el juez Rago Gallo.

Los delitos que se le imputan a De Marchi son, entre otros, torturas y tormentos seguidos de muerte en las 4 causas que fueron unificadas y que están siendo analizadas por los jueces del Tribunal Oral (ver aparte).

Como el proceso ya comenzó en noviembre del año pasado contra los militares retirados Jorge Olivera, Osvaldo Martel, Rolando Gómez, Alejandro Lazo y Horacio Nieto, De Marchi no puede ser sometido a ese juicio, dijeron fuentes judiciales, y por eso deberá esperar en prisión a que se inicie una nueva causa por los mismos hechos.

Con la detención de De Marchi son 6 los acusados que continúan prófugos de la Justicia. Se trata de Juan Del Torchio, Eduardo Cardozo, Jorge Páez, Eduardo Vic, Juan Coronel y Carlos Malatto. Este último logró huir del país antes de ser detenido y se presentó ante la Justicia italiana. Ahora está pendiente un proceso de extradición para someterlo a juicio en San Juan.

De Marchi estuvo detenido en el Penal de Chimbas junto al resto de los acusados, pero en octubre del 2010, por decisión de la Cámara de Apelaciones de Mendoza, fueron dejados en libertad bajo caución juratoria, es decir la promesa de comparecer ante la Justicia cuando fueran citados. El único que nunca recuperó la libertad fue Olivera, quien estuvo en Campo de Mayo.

Fue una decisión polémica tomada por los camaristas Julio Petra, Alfredo López Cuitiño y Enrique Sosa Arditi, en medio de un conflicto en la Justicia Federal regional por las denuncias contra magistrados de la Cámara de Apelaciones de Mendoza que estaban imputados por el delito de omisión en la investigación de hechos ocurridos durante la dictadura militar entre los años 1975 y 1983.