La Corte Suprema de Justicia evalúa mecanismos para acelerar juicios pendientes de los jubilados. Por eso, el máximo tribunal analiza la posibilidad de extender los beneficios de un fallo favorable sobre actualización de haberes del sector pasivo para todos los jubilados que se encuentren en una situación similar.
Así lo informaron fuentes judiciales, que indicaron que la Corte comenzó a discutir en el acuerdo de ayer la forma de extender el "Fallo Halabi" de febrero pasado -que consagró la "acción de clase"- a las causas que giran sobre temas patrimoniales, entre los cuales quedaban comprendidos los reclamos de los jubilados por sus actualizaciones de haberes.
De este modo, la Corte intentaría que un único juicio pueda beneficiar simultáneamente a todos los jubilados con iguales reclamos, evitándoles el trámite de llegar uno por uno hasta la última instancia judicial, lo que supone demoras de hasta siete años.
Para ese fin, la Corte proyecta sellar el miércoles 5 de agosto un convenio con ANSeS para acelerar el sistema de notificaciones y establecer un mecanismo de cálculo de actualizaciones único que reduzca los tiempos de estos juicios de siete años.
En el sistema judicial argentino no existe el "efecto erga omnes", es decir que un fallo en una causa tenga alcance a todos los demás de similar condición. Pero en febrero pasado, la Corte dictó el "Fallo Halabi" que consagró la "acción de clase", es decir la extensión de un mismo fallo a todos los interesados en el tema que se encontrasen en similar situación judicial.
Aunque excluyó de sus alcances a los juicios por cuestiones patrimoniales, entre los cuales quedaban comprendidos los reclamos de los jubilados por sus actualizaciones de haberes. Pero en su acuerdo de ayer, la Corte comenzó a analizar extender el fallo Halabi también a las acciones patrimoniales.
Las fuentes consultadas desalentaron expectativas respecto de un fallo en el corto plazo pero advirtieron que "hay que resolver los problemas de la gente", razón por la cual no demorará mucho tal pronunciamiento.
La necesidad de resolver esos problemas surge de que tras el "fallo Badaro" -en el que la Corte confirmó la movilidad jubilatoria -el Congreso aprobó una ley que consagraba ese criterio sólo hacia delante, sin pronunciarse acerca de las causas ya iniciadas.
Sólo en Capital Federal hay en marcha unos 250.000 juicios por reajustes jubilatorios, y un eventual fallo de la Corte con alcance masivo podría solucionar esa situación. Pero le generaría al gobierno un problema mayúsculo, pues debería destinar a pagar esos reajustes fondos de la ANSeS que están siendo utilizados para otros fines.