Una vez más, las sospechas de acomodos levantan el polvo en Tribunales. Los miembros de la Corte de Justicia hicieron una nueva excepción a la obligación de realizar concursos y ascendieron a 310 empleados administrativos sin otro criterio que la discrecionalidad. El titular del Ministerio Público, Eduardo Quattropani, no firmó el documento debido a que “no explica por qué algunos trabajadores ascienden y otros no”. Y desde el gremio de los judiciales acusaron a los cortistas de elegir “a dedo” y de beneficiar a sus familiares en detrimento de otros agentes que llevan muchos años en el mismo cargo.
Los ministros del alto Tribunal habían establecido por acordada en 2001 que los ascensos deben hacerse por concurso. Pero está vez, esgrimiendo razones de “urgencia y servicio”, dejaron de lado esa reglamentación y promovieron personal a categorías superiores en forma directa, es decir sin examen académico. El único criterio fue la valoración que ellos mismos hicieron de los trabajadores.
En la Unión Judicial, que viene reclamando concursos y más personal, pusieron el grito en el cielo cuando se enteraron. El secretario Gremial, Sebastián López, aseguró a modo de queja que “no tienen en cuenta los concursos de ascensos que reglamentaron, lo hacen a dedo y se olvidan del principio de igualdad”. Según el dirigente, “muchos empleados llevan décadas sin ascender y quedaron postergados, y da la casualidad que hay familiares de los cortistas que llevan mucho menos tiempo en el Poder Judicial y sí ascendieron”.
López es justamente uno de los que no entró en el lote de los 310 beneficiados. Y antes las especulaciones que abrieron en el segundo piso de Tribunales acerca del reclamo, aclaró en dirección a los cortistas: “Esto no es una queja por algo personal, hace tiempo que yo les presenté a ellos una nota renunciando a cualquier ascenso que no fuera por concurso”.
La acordada de los ascensos (la Nº 74 de este año) fue firmada el 20 de este mes por todos los cortistas, pero no por Quattropani. Consultado por la situación, ya que no es común, el fiscal General explicó que no adhirió porque “la Corte no da ningún fundamento, no explica por qué algunos trabajadores ascienden y otros no”.
Pero la cosa va mucho más allá. La acordada dice que los ascensos salieron de en una reunión que mantuvieron los cortistas y en la que fue “oído el fiscal General”. Además, en uno de sus párrafos deja sin efecto una acordada anterior, la Nº 70, que se refería al mismo tema, por la oposición que esgrimió Quattropani.
Molesto, el fiscal General aseguró en referencia a la acordada 74 que “me mandaron un borrador para que opinara, nunca me convocaron y no es cierto que me han oído, porque mi posición no aparece expresada” en el documento. Además, en referencia a la Nº 70, señaló que “jamás he participado de un acuerdo con la Corte por el tema ascensos, si han dicho que he asistido es, como mínimo, un gravísimo error”. Esto, a pesar de que la Ley del Ministerio Público dice que su titular debe ser citado a los acuerdos del máximo tribunal.
No es la primera vez que los cortistas usan una vía alternativa a los concursos y que todo termina en polémica (ver aparte). En ese clima planean desde hace dos años convocar a aspirantes a ingresar a Tribunales y prometen que las designaciones serán en base a un examen informático que evita los acomodos.