“Es muy difícil, hay varias cosas que hacer y no podría precisarlo”, aseguró ayer el presidente de la Corte de Justicia, Humberto Medina Palá. Lo dijo ante la pregunta de cuándo estará todo listo para comenzar a implementar la ley de flagrancia, que prevé juicios rápidos para todos aquellos que sean sorprendidos con las manos en la masa. La semana pasada trascendió que en el Ejecutivo hay malestar, porque en el seno del máximo tribunal existen demoras que harían que el nuevo sistema quede para después del primer trimestre del año que viene.
Medina Palá habló del tema en un ágape que el tribunal que dirige organizó para la prensa en el segundo piso de Tribunales. Allí, él y su compañero Abel Soria Vega hicieron una balance de los objetivos alcanzados durante este año y hablaron de lo proyectado para 2017.
En diálogo con este diario, Medina Palá dijo que no puede arriesgar un plazo para poner en marcha los juicios exprés. “Estamos avanzando y trabajando mucho, pero hay que terminar de firmar la operación del edificio donde funcionarán los juzgados de Flagrancia, hay que reacondicionarlo, instalar el equipamiento, afectar el personal y capacitarlo”, contó.
Para los juicios exprés hace falta designar jueces y fiscales.
La administración uñaquista tiene la expectativa de que la ley que se sancionó en junio se lleve a la práctica no más allá de marzo, pero por lo bajo los creen poco posible y los atribuyen a demoras en la Corte para dejar todo listo. Medina Palá no quiso hablar de demoras y aseguró que nadie de Casa de Gobierno le hizo saber ninguna molestia.
Lo que sí reconoció el presidente del máximo tribunal es que hubo algunas dilaciones para la compra del inmueble donde funcionará el fuero de Flagrancia. Tenían en vista una casa, pero parece que el propietario puso en precio muy elevado y eso dejó las cosas estancadas. Según dijo ayer el secretario Administrativo de la Corte, Javier Vera, ya consiguieron otro inmueble, acordaron la compra y ahora resta poner la firma.