El Poder Judicial de San Juan va camino a un cambio histórico dentro de su estructura. Según confirmó el ministro de la Corte de Justicia Guillermo De Sanctis se está trabajando para que en 2019 haya una modificación radical de la Ley Orgánica de Tribunales, norma que data de 1987, que tuvo retoques menores y que en el máximo tribunal entienden que necesita ser actualizada. El cambio central al que apuntan es a la eliminación de los juzgados de primera instancia civil y laboral tal como funcionan actualmente, en el que cada magistrado cuenta con un cuerpo de funcionarios, en los que se incluye un Secretario y un Prosecretario, entre otros, y los empleados. El objetivo es crear Oficinas Judiciales, las que estarán integradas con la redistribución de esos funcionarios y empleados que serán los encargados de recepcionar todas las causas, confeccionar los expedientes y luego remitirlos al juez que corresponda para que resuelva. De esa manera, se apunta a que el magistrado esté más liberado y pueda resolver más causas. Además, el cambio incluye el nombramiento de más jueces, pero no la creación de más juzgados, ya que las autoridades consideran que el Poder Judicial es chico para afrontar la cantidad de causas que se generan por año. Por otro lado, comenzarán a aplicar el sistema oral en dichos fueros y la obligatoriedad de una audiencia de conciliación, algo que en la actualidad sólo ocurre para las causas en las que está involucrado el Estado.
En materia penal, se espera que la Cámara de Diputados sancione en las próximas semanas el nuevo Código Procesal Penal, que permitirá la investigación fiscal, el cual comenzará a rodar durante el segundo semestre del año que viene (ver Cambios al Código… ).
La necesidad de un cambio en la ley madre de Tribunales se debe a que la misma establece el organigrama de ese poder del Estado. Esto es qué cantidad de jueces y funcionarios judiciales hay por fuero, ya sea en primera instancia como en las cámaras, como en la cantidad de integrantes de la Corte de Justicia. Además, indica cómo es el funcionamiento interno de cada juzgado. Un ejemplo de esto es que según lo indica la norma, San Juan se divide en dos circunscripciones: la de Capital y la de Jáchal, siendo la primera la que abarca a todos los departamentos, menos Jáchal e Iglesia.
La necesidad de una transformación en la Justicia local se ve reflejada en los datos estadísticos que la propia Corte dio a conocer días atrás. En los mismos quedó de manifiesto que San Juan sigue al tope, por tercer año consecutivo, en el nivel de litigiosidad y que además cuanta con pocos jueces. Es más, en 2017, cada magistrado recibió, en promedio, 1.440 causas en su despacho y sólo pudo resolver 1.025, por lo que el resto quedó acumulado. Respecto a la cantidad de magistrados, la provincia está por debajo de la media nacional con 11,77 jueces cada 100.000 habitantes, cuando hay distritos que cuentan con 36.
En los cambios vienen trabajando De Sanctis, el secretario Administrativo de la Corte, Javier Vera, y el subsecretario Mauricio Cerezo. El ministro sostuvo que "hay que hacerle frente a la realidad, por eso no escondemos los números. Nos hacen falta más operadores judiciales porque la litigiosidad va a continuar. Pero con estas modificaciones vamos a ser más eficientes" (ver entrevista a De Sanctis).
El sistema de oficinas judiciales, en el que se nuclea todos los expedientes para luego derivarlos
Cambios al Código Procesal Penal
Tras cuatro meses de análisis por parte de los legisladores, fuentes oficiales indicaron que la Cámara de Diputados está en condiciones de sancionar el nuevo Código Procesal Penal entre la próxima semana y los primeros días de noviembre.
El nuevo Código plantea un cambio central dentro de la investigación penal, ya que las pesquisas dejarán de estar en manos de los jueces para pasar a depender de los fiscales, lo que también modificará la estructura en el fuero penal.
Pero además, incorporará el sistema de juicios por jurado, donde 12 personas, seis hombres y seis mujeres, deberán decidir si un imputado es culpable de un crimen. Ese proceso se aplicará sólo para los delitos graves como homicidios y violaciones.