La Corte Suprema de Justicia dispuso la creación de una secretaría judicial especial para "reforzar la investigación" por el atentado contra la AMIA, después de dictar en la víspera un fallo que reabrió la causa.

Así lo informaron voceros judiciales, que indicaron que la secretaría funcionará en el Juzgado en lo Criminal Federal 6, a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral, adonde ya regresó el expediente después del fallo del máximo tribunal que avaló toda la investigación hasta el 31 de octubre de 1995.

La Corte dispuso, además, que varios secretarios letrados asignados recientemente al juzgado de Canicoba sean destinados a la nueva secretaría.

El miércoles pasado, la Corte dejó sin efecto la decisión del tribunal oral federal que había anulado toda la investigación llevada adelante por el ex juez federal Juan José Galeano, a raíz del pago ilegal que le habría efectuado al principal sospechoso por la "conexión local", Carlos Telleldín.

Para la Corte, no se puede confirmar la nulidad de toda la pesquisa, "sino sólo aquel tramo de la investigación que estuvo viciado de parcialidad en la actuación del ex magistrado".

La Corte "dejó en pie los primeros tramos de la investigación, que incluye la pesquisa sobre Carlos Telleldín y su declaración indagatoria" y confirmó lo actuado con posterioridad al 31 de octubre de 1995.

En esa fecha Galeano había decidido la apertura de la causa "Brigadas" y ordenó investigar a policías bonaerenses por extorsión en perjuicio de Telleldín, el hombre que entregó la camioneta bomba que voló la AMIA y que, pese a haber quedado absuelto en juicio, deberá ser juzgado nuevamente por orden de la Corte.

Al respecto, la AMIA y la DAIA le pidieron ayer al juez federal Rodolfo Canicoba Corral que avance sobre Carlos Telleldín. Sin embargo, aún no está claro si Canicoba Corral se hará cargo de analizar esta etapa de la investigación en la que se pretende reorientar los primeros 14 meses de investigación apenas ocurrido el atentado.

Galeano fue destituido por irregularidades y fue acusado por haber dispuesto el pago de 400 mil dólares a Telleldín para que prestara una declaración en la que acusó a policías bonaerenses de haberse quedado con la camioneta bomba.