En la Fiscalía de Estado están ansiosos en el inicio de esta semana. Quieren averiguar hoy mismo la consecuencia exacta de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que hizo lugar a un recurso presentado por la provincia para reducir el monto de 9 millones de pesos de honorarios a pagar en un juicio que perdió por la negligencia de una de sus abogadas. La noticia desató festejos porque implica que no habrá que desembolsar semejante suma y que el perjuicio será más moderado, pero por ahora no hay detalles de cuánto menos habrá que pagar.
La resolución judicial trascendió el viernes a última hora, cuando este diario se encontró con que el máximo tribunal colgó en su página web que en el recurso que presentó San Juan hay "fallo definitivo" y que es "procedente". Ayer, el fiscal de Estado, Mario Díaz, contó que ellos se enteraron el mismo día y que eso significa que la sentencia es a favor de la provincia, aunque no tienen los detalles porque aún no fue notificada.
La causa abrió muchas expectativas entre las autoridades del gobierno giojista, debido a que hay varios millones en juego para las arcas públicas. Todo se originó a raíz del conocido caso Soto, un deudor del Residual del Banco San Juan que fue demandado para que cumpliera con el pago. A pesar de tener plata a cobrar, la provincia perdió el juicio en 2004 porque la abogada que actuó en su nombre, Cristina Molina, supuestamente no instó el proceso, la jueza declaró la caducidad de instancia -la causa pasa a archivo- y la profesional no apeló. Conclusión: no sólo que no se cobró ni un peso, sino que el Estado fue condenado a pagar 9 millones de pesos en honorarios al abogado de la contraparte.
En 2008, la provincia elevó un recurso de queja ante el máximo tribunal del país. En la presentación, plantea que los honorarios son desmedidos, que no responden a lo que dice el Código Civil y que es mucho menos lo que hay que pagar.
Apenas se enteró del fallo de la Corte Suprema, Díaz le pidió a uno de los abogados que la provincia tiene en Capital Federal que averigüe. Según el funcionario, "la resolución nos da la razón, pero se basa en el dictamen de la procuradora y ese documento lo vamos a tener recién cuando nos notifiquen, hay que esperar a ver qué dice y recién ahí vamos a saber exactamente lo que tenemos que pagar".
Más allá de la incertidumbre, Díaz confirmó que no hay dudas de que el fallo es a favor de la provincia. En uno de los argumentos que dio, la Fiscalía de Estado dice que los honorarios que se fijaron son equivalentes el 66 por ciento de la base regulatoria, cuando no deberían exceder el 25 por ciento. Si la procuradora atendió ese razonamiento, el monto a pagar no debería superar los 3,5 millones de pesos.
Aún bajo esa hipótesis, el Estado sufrió un perjuicio económico de magnitud y el fallo de la Corte Suprema no hace más que atemperarlo. Todo, a raíz de haber dejado vencer los plazos en la causa que se tramitó en los tribunales locales. Fue tal el escándalo que se desató en su momento, que la Fiscalía instruyó un sumario contra Molina, fue declarada responsable de actuar con negligencia y terminó siendo cesanteada por un decreto del gobernador José Luis Gioja.
Lamentablemente, no es el único caso. En una causa similar y contemporánea a la de Soto, dónde también tenía plata a cobrar, la provincia tuvo que pagar una cifra millonaria por el mal manejo del abogado del Estado (ver antecedente).