La Corte Suprema de Justicia de la Nación sentó un precedente que les marca la cancha a las compañías telefónicas en la provincia. Los ministros Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Higton de Nolasco remarcaron que los cuestionamientos que realizó Telefónica de Argentina ante dos multas que le aplicó la Dirección de Defensa al Consumidor por irregularidades e incumplimientos en el servicio deben ser tramitados por los juzgados locales. Si bien el fallo del máximo tribunal judicial del país apuntó a esa empresa en particular (hoy Movistar), sirve de antecedente para el resto y ayuda a acelerar los plazos de cobro de las sanciones, ya que las compañías desconocían la competencia provincial y acudían al fuero federal, lo que retrasaba todo el proceso.
El director de Defensa al Consumidor, Elías Álvarez, calculó que este año ingresarán a las arcas del Estado alrededor de 4 millones de pesos en multas por incumplimientos de diversas empresas. La cifra es récord, la cual se vio empujada por el depósito de 2,6 millones de pesos que hizo la empresa Claro, justamente una firma de telefonía celular (ver recuadro). De hecho, el funcionario remarcó que en el ranking de las denuncias que realizan los usuarios, el rubro de las telefónicas está en segundo lugar, detrás de los reclamos a lo que llaman el rubro financiero (bancos, tarjetas y financieras).
Las causas que llegaron a la Corte Suprema datan de, por lo menos, más de tres años y sus resoluciones salieron a principios de este mes. Según fuentes judiciales, los damnificados por irregularidades en el servicio que brindaba Telefónica fueron Jorge Rivera Prudencio, titular del EPRE, y Carlos Torioni Godoy. En ambos casos intervino Defensa al Consumidor, que además de bregar por la solución del problema a los usuarios, le aplicó sendas multas a la compañía. En el primer caso, la sanción a la firma fue de 40 mil pesos, según trascendió.
Los abogados de Telefónica apelaron las resoluciones de la repartición local en la Cámara Federal de Mendoza. En eso se le corrió traslado a Fiscalía de Estado, que conduce Jorge Alvo, que a través de los abogados Analía Maurín y Sergio Saffe Peña plantearon que la competencia para intervenir en el tema es del tribunal sanjuanino, en este caso, el Contencioso Administrativo, a cargo de Adriana Tettamanti. No obstante, la empresa acudió a la Corte Suprema. Tanto desde la Procuración General como el máximo tribunal coincidieron que a los casos sanjuaninos es aplicable un antecedente que habían resuelto en La Plata, en el que señalaron que la apelación de ese tipo de sanciones debe tramitarse ante la Justicia provincial. Así, las compañías tienen cerrado el ámbito federal, lo que acortará los plazos, ya que deben someterse al fuero local.
¿Por qué las telefónicas le apuntan a la esfera federal? Tettamanti explicó que sostienen que brindan un servicio interjurisdiccional, sometido a la ley nacional de telecomunicaciones y a la supervisión de la Comisión Nacional de Comunicaciones, hoy Enacom. La magistrada, en concordancia con las instancias superiores, rechaza esa postura y resaltó que la Corte Suprema sentó reglas claras sobre la competencia y es un tema que "no debería seguir siendo discutido. Además es un espaldarazo a las autonomías provinciales y que el fuero federal es de excepción". La magistrada es la que deberá ahora evaluar si las multas aplicadas en los casos Rivera Prudencio y Torioni Godoy se ajustan al procedimiento.
Multa millonaria
La jueza Adriana Tettamanti, del Contencioso Administrativo, convalidó la multa a la empresa AMX (Claro) de 2 millones de pesos (que con intereses ascendió a 2,6 millones) por el deficiente servicio de telefonía celular en Valle Fértil. La movida había sido encarada por el exintendente Francisco Elizondo, quien presentó el caso en Defensa al Consumidor. Fue la repartición quien le aplicó la sanción. El entonces jefe comunal encaró una denuncia colectiva en abril de 2012, ya que reunió la firma de 2.500 usuarios. La empresa realizó el deposito del dinero este año.