Las autoridades de la Caja Previsional de los Médicos, Odontólogos y Bioquímicos (MOB) decidieron ampliar el campo de acción judicial y presentaron una demanda contra los procesados por estafar a la entidad en una millonaria compra de un terreno y a la junta de administración anterior por no tomar los recaudos del caso. En total son diez personas y les reclama el pago de 1.040.000 dólares, que es la diferencia entre lo que desembolsó la institución por el inmueble y lo que realmente costó. El caso está siendo investigado por la Justicia Penal y se presume que el faltante fue a parar a los bolsillos de los que participaron en la operación. La demanda ingresó el 25 del mes pasado, recayó en el Juzgado Civil Nº1 y recién trascendió ayer en los pasillos de Tribunales. La misma parte del escandaloso caso en el que supuestamente la Caja que nuclea a 3.000 profesionales se vio estafada en una cifra millonaria.
Todo sucedió en noviembre de 2011, bajo la anterior administración. La entidad pagó en aquel entonces 1.300.000 dólares por un terreno obsoleto de 27 hectáreas en Santa Lucía, cuando sus dueños en verdad pedían y cobraron 260 mil dólares.

Cuando se enteraron de semejante diferencia, las actuales autoridades hicieron una denuncia Penal para que se determine qué fue lo que pasó y quiénes son los responsables. Fue así que el juez Maximiliano Blejman procesó por estafa al odontólogo Luis Minin, al médico Oberdank Fernández, al operador inmobiliario Walter Orellano y a la escribana María Isabel Carchano, las cuatro personas que articularon la compra del terreno y que supuestamente ejecutaron una serie de maniobras que sacar una jugosa tajada de dinero.

Ahora, mientras la causa Penal sigue adelante, las autoridades de la institución quieren recuperar el dinero que se pagó de más, es decir 1.040.000 dólares, lo que hoy representa más de 5.500.000 pesos. Y con la demanda Civil le apuntan a los procesados y a la conducción anterior, la que presidía el médico Pedro Terentí.

Según fuentes calificadas, la conducción de la entidad les endilga a Minin, Fernández, Carchano y Orellano haber tejido acciones tendientes a causar un daño económico (artículo 1072 del Código Civil). Mientras que a los antecesores (son siete, entre ellos Fernández en su rol de tesorero) los culpa de ser negligentes, por no tomar los cuidados que hacían falta para evitar que la Caja fuera estafada.

Salvo Fernández, Blejman no encontró cómplices ni autores de la estafa entre los otros exintegrantes de la conducción de la entidad. De todos modos, las fuentes explicaron que la actual gestión decidió demandarlos también porque, entre otras cosas, no hicieron tasar el inmueble para saber su valor estimado, no pidieron informes para saber su estado y no solicitaron un informe jurídico. En definitiva, consideran que no cumplieron con su obligación de cuidar los fondos de la institución. En el entorno de Terentí dijeron que no conoce los detalles de la presentación, ya que aún no lo notificaron.

Por el otro lado de los que ejecutaron la presunta estafa vuelven a quedar en la mira por una cuestión obvia, pero ya no se arriesgan sólo a ver manchado su prontuario sino a tener que poner plata de sus bolsillos para reparar el daño económico. De acuerdo a lo que determinó Blejman, Minin era uno de los afiliados que la Caja MOB designó para buscar un terreno para construir viviendas para los profesionales, contactó al vendedor del terreno (se llama Raúl Cosentino) y sabía que pedía 260 mil dólares y no 1.300.000 dólares. Orellano, sin poder del propietario, fue quien ofreció el inmueble al valor que se vendió y el que cobró el primer pago de 650.000 dólares. Fernández sabía que el terreno no valía 1.300.000 dólares porque era vecino de Cosentino, se presume que se asoció con Minin y como no podían figurar pusieron al intermediario, y es el que hizo los pagos. Y Carchano confeccionó dos boletos de compraventa, pero por valores distintos, con la intención de ocultar las maniobras.