Ayer se conoció que la Corte de Justicia designó 8 personas en el escalafón de maestranza, entre ellos el hijo de un juez del fuero Penal. Así, según fuentes de Tribunales, los ayudantes (así se lo llama técnicamente) u ordenanzas ascienden a 137 y es el sector de empleados judiciales que más creció en los últimos años, a pesar que la demanda generalizada es reforzar el área administrativa. Los ingresos despiertan dudas, debido a que el máximo tribunal suele apelar a la categoría más baja para nombrar personal sin concurso y después le asigna otras funciones que sí exigen un examen académico para determinar sin son idóneos.
Las designaciones en el Poder Judicial han sido motivo de fuertes escándalos. Primero, se supo que en un concurso para el ingreso de personal administrativo se filtró el contenido del examen para favorecer a algunos aspirantes. Luego, los integrantes de la Corte nombraron directamente a un grupo de familiares y amigos de algunos de ellos y de funcionarios judiciales (ver En el ojo de la tormenta).
Esta vez las designaciones fueron en el escalafón de maestranza, que no exigen concurso. Ingresaron ocho personas, entre las que se encuentra Andrés Zavalla, hijo del juez Leopoldo Zavalla Pringles. En Tribunales aseguraron ayer que es estudiante de ingeniería y electricista y que cumplirá funciones en el Departamento de Servicios Generales. Hasta ahí, todo dentro de la ley.
Las dudas se generan a partir de la historia reciente. Desde 2006, la Corte lleva designados 86 ordenanzas. Como dice el reglamento interno, todos entraron sin concurso. El problema es que a la mayoría de los empleados fue afectado a tareas administrativas para las que sí se requiere un filtro de idoneidad. En otras palabras, hasta los mismos actores judiciales aseguran que el escalafón de maestranza ha sido usado por los cortistas como un instrumento para esquivar los concursos y nombrar discrecionalmente de favor a quién ellos quieren, sin dar oportunidades por igual a los que tienen aspiraciones de trabajar en el Poder Judicial.
Los nombramientos como personal de maestranza han sido denominador común en los últimos años. Al punto que ingresaron tantos ordenanzas como empleados administrativos. Cosa que llama la atención, porque jueces, fiscales y funcionarios piden más profesionales y administrativos (ver Carencias).
Si se cuenta desde 2006, según las fuentes, al Poder Judicial entraron unos 90 empleados administrativos. Y como ordenanzas ingresaron 86: entre ese año y 2008 fueron nombrados 49, en 2010 ingresaron 4, 25 en 2011 y los 8 de ahora.
Atendiendo a que los ordenanzas son hoy 137 y en los últimos años se jubilaron no más de 10, la planta de personal de este sector creció a más del doble. Los administrativos ascienden actualmente a 570, por lo que en el mejor de los casos (sin contar jubilaciones) sumaron menos de un 20 por ciento. Conclusión: había una altísima necesidad de reforzar las tareas de maestranza o simplemente fue una excusa para los ingresos discrecionales.
Los nuevos nombramientos salieron justo cuando miles de personas con expectativas de ingresar a la Justicia esperan una convocatoria para concurso. En Tribunales cuentan hoy 85 vacantes en el escalafón administrativo y la Corte de Justicia ya anunció que llamará a los interesados para que rindan examen.
Desde el máximo tribunal habían dicho que antes de junio saldría el llamado. Pero el proceso se está demorando porque las aguas están divididas. Y es, justamente, por el nivel de discrecionalidad en las designaciones.
Inicialmente, los cortistas acordaron que el concurso consista en una prueba de informática, en un examen escrito y en una entrevista personal a los aspirantes que pasen las dos primeras etapas. Y como no asignaron puntaje a ninguna de las pruebas, se guardaron la exclusividad de decidir quiénes de los que califiquen ingresan.
En medio del debate, en la misma Corte surgieron voces contrarias. Algunos piden un sistema más transparente y menos discrecional, para evitar que se repita la lluvia de críticas.