Luego de años, el proceso para cubrir cargos jerárquicos vacantes en la Justicia Federal con asiento en San Juan avanzó a tal punto que la renovación ya casi llega a su totalidad. De la terna de candidatos que llegaron a través de un concurso de antecedentes y oposición, el Poder Ejecutivo de la Nación escogió a la prosecretaria fiscal Gema Guillén para que ocupe el puesto de defensora oficial de primera instancia. Ahora falta el OK del Senado, pero se trata de un trámite formal, por lo que su designación está prevista para abril, señalaron fuentes judiciales. Así, el único lugar que queda por definir a su titular es el de fiscal de instrucción, que viene siendo subrogado por el representante del Ministerio Público en la etapa de juicio, Francisco Maldonado.
El cargo de defensor oficial es vital en el sistema de Justicia, ya que su responsable es el representante legal de todas aquellas personas que no tienen recursos para pagar un abogado particular. En el ámbito federal, su competencia es la defensa de imputados en causas de narcotráfico, trata laboral y de personas, secuestros, lesa humanidad y en delitos cometidos contra la administración pública nacional. Su nombramiento se produce a través de un concurso encarado por el Ministerio Público de la Defensa. El puesto está equiparado al de juez y fiscal federal, cuyo salario está en el orden de los 100 mil pesos, dijeron fuentes calificadas.
El puesto de defensor oficial de primera instancia tendrá un titular luego de tres años.
El puesto quedó vacante en 2009 con la jubilación de Raúl Plana Más. Luego de reemplazos temporales, se hizo el concurso y en febrero de 2015 fue nombrado Eduardo Caeiro. Pero casi un año después, renunció para asumir en un cargo similar en Córdoba, su provincia natal. De esa manera, se desató nuevamente el mecanismo de reemplazo que atravesó por dificultades. En 2017 se armó una terna, pero se le dio de baja por la renuncia de un postulante. Así, se volvió a llamar a concurso y los que llegaron a la instancia final fueron tres sanjuaninos: Guillén, Paula Carena de Yanello y Diego Giócoli. La primera resultó seleccionada y Presidencia y el Ministerio de Justicia elevaron su pliego al Senado para su designación final.
Con especializaciones en delitos complejos, Guillén viene desempeñándose desde 2006 como prosecretaria de la Fiscalía Federal de Instrucción, es decir, su tarea era la de colaborar con el fiscal en la acusación de imputados. En su nuevo puesto estará en la vereda de enfrente, ya que defenderá a los sospechosos.
El puesto que se encuentra sin su titular es, justamente, el de fiscal de primera instancia. Tras la jubilación en 2011 de Juan Carlos Yanello (hoy procesado por delitos de lesa humanidad) y luego de subrogancias, el kirchnerismo designó en junio de 2015 a Fernando Alcaraz, pero ese mismo año se definió su traslado a la Fiscalía Federal Nº2 de Mendoza. Desde entonces, el cargo es subrogado por Maldonado, fiscal de juicio.
Por otro lado, Guillén además había estado ternada para el cargo de juez del Tribunal Federal de juicio. En el cuerpo colegiado había dos vacantes y los seleccionados resultaron Daniel Doffo y Eliana Rattá, a quienes también les falta el OK del Senado. En el Tribunal se había dado una situación alarmante, ya que uno de los puestos se encontraba libre desde 2010. El otro, en cambio, está vacante desde el año pasado.
Otro puesto que se cubrió el año pasado tras cinco años fue el de defensor oficial ante el Tribunal Oral. El lugar que dejó Adrián Kurbán fue ocupado por Esteban Chervín.