La justicia volverá a analizar el pedido de desafuero y detención del actual diputado Julio De Vido, después de haber sido rechazado por el juez Luis Rodríguez. Esta vez, será la Cámara Federal la que resuelva el planteo del fiscal Carlos Stornelli, quien había pedido la detención del ex ministro y de otra veintena de personas.
Tras el regreso de la actividad judicial, los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, reabrieron el caso. También deberán resolver las exenciones de prisión que recibieron otros cinco acusados para la cual citaron a una audiencia la próxima semana.
El tribunal le pidió al juez Rodríguez un informe sobre el caso. Los antecedentes juegan a favor de De Vido: la Cámara tiene dicho en varios precedentes que la citación a indagatoria de un imputado es una facultad discrecional del juez. La excepción es que haya arbitrariedad en la decisión del magistrado.
La expectativa está puesta en cuándo será la resolución de la Cámara: ¿antes o después de las elecciones primarias del 13 de agosto en las que compite la ex presidente Cristina Kirchner? De Vido fue ministro durante los 12 años de kircherismo y con Cristina están procesados en la causa por las irregularidades de la obra pública que recibió el empresario detenido Lázaro Báez.
Stornelli pidió a principios de julio la indagatoria y detención de De Vido y otras 22 personas –entre ellos ex funcionarios de Planificación Federal, como Jorge Mayoral y Roberto Baratta, uno de los hombres de confianza de De Vido en el Ministerio– en una causa en la que se investiga una defraudación al Estado de por lo menos $ 264.935.123 que se habían destinado para la puesta en marcha de la mina de carbón de Río Turbio, en Santa Cruz.
El fiscal entendió que los acusados debían ser detenidos por la gravedad de la acusación y del perjuicio al Estado. Para De Vido pidió el desafuero a la Cámara de Diputados porque como legislador tiene inmunidad de arresto.
El juez Rodríguez rechazó los planteos. Consideró que no estaba reunida la prueba necesaria para llamar a indagatoria y por lo tanto para ordenar detenciones. El magistrado puso la causa en secreto de sumario y dispuso medidas de prueba.
Antes de esa decisión, el magistrado le había otorgado la exención de prisión a Baratta, a los ex funcionarios de YCRT Fernando Lisse, Miguel Larregina y Marta Pérez y el actual intendente de Río Turbio y ex interventor de YCRT Atanacio Pérez Osuna.
La medida implica que los acusados pueden estar en libertad mientras se investiga el caso. El juez entendió que no hay peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación.
Todas las decisiones fueron apeladas por el fiscal Stornelli para que sean revisadas por la Cámara Federal. Primero llegó al tribunal las exenciones de prisión y luego los pedidos de detención e indagatoria.
Pero durante las dos últimas semanas de julio con la feria judicial el expediente no tuvo trámite en la Cámara porque Stornelli no pidió que se habilite su tratamiento durante el receso de invierno.
Sin embargo, el tema pasó al terreno político en plena campaña electoral. El macrismo buscó apartar a De Vido de Diputados por "indignidad" ante las causas judiciales que tiene en su contra pero no alcanzó los dos tercios de los votos para expulsar al legislador.
La actividad judicial volvió ayer y se reactivó la causa. La Sala II de la Cámara le solicitó al juez Rodríguez un informe sobre el pedido de indagatoria y detención de De Vido. El magistrado no aceptó la apelación de Stornelli porque sostuvo que las indagatorias son decisiones exclusivas de los jueces de primeras instancias.
Esa es una regla que ya tiene dicho la Cámara en varias causas. Solo los jueces que investigan el caso pueden tomar esas decisiones. La Cámara puede darle a los magistrados directivas sobre medidas de prueba o sugerir o corregir líneas de investigación. Pero no aconsejarle detenciones.
La excepción a esa regla es cuando los jueces cometieron una arbitrariedad en la causa y el rechazo a un pedido de detención no está fundamentado.
Junto con la situación de De Vido está la del resto de los 22 acusados. También el tribunal debe resolver las exenciones de prisión de cinco de ellos. Para eso citó a sus defensas a una audiencia oral el martes de la próxima semana. El fiscal de Cámara, Germán Moldes, deberá dictaminar si comparte el criterio de Stornelli de que las exenciones deben ser revocadas.
Después de la audiencia los camaristas Irurzun y Farah quedarán en condiciones de resolver. Será cinco días antes de las primarias legislativas del domingo 13.
El regreso de los tribunales vino con malas noticias para De Vido. El fiscal federal Federico Delgado pidió su envío a juicio oral en la causa de los "trenes chatarras" comprados a España y Portugal en 102 millones de euros. Además, el Tribunal Oral Federal 4 rechazó su pedido para que el juicio por la tragedia de Once se haga con jurados populares.