En virtud de los antecedentes que hay en la causa, se sabía que era muy posible que a los abogados Santiago Graffigna y Horacio Alday no les concedieran la eximición de prisión. La presunción se confirmó ayer: la jueza María Inés Rosellot rechazó el pedido que hicieron los profesionales para asegurarse no quedar detenidos cuando se presenten a ser indagados como sospechosos de estafar a propietarios de terrenos que fueron expropiados. Fuentes judiciales aseguraron que, al igual que el fiscal del caso, la magistrada consideró que podrían usar su libertad para entorpecer el avance de la investigación.
La denegatoria de la jueza penal implica que los imputados, sobre los que hay una orden de captura, no se presentarán ante la Justicia y que seguirán ocultos de la Policía. Las fuentes dijeron que si bien técnicamente no están prófugos hasta que la resolución quede firme, si la Policía los encuentra los puede detener y hacerlos comparecer. En cuyo caso, el planteo de eximición de prisión se convertiría en un pedido de excarcelación.
Rosellot entiende que Graffigna y Alday pueden interferir en el normal desenvolvimiento de la causa. Se toma de las declaración de algunos testigos, que aseguraron que el primero los visitó y les pidió que cambiaran los términos de lo que iban a decir porque lo podían complicar.
El proceso judicial deriva de la megacausa de las expropiaciones que impulsa el gobierno, para determinar si hay una red delictiva de abogados, jueces y ex funcionarios que infla el precios de los terrenos y que le saca plata de más al Estado. Graffigna y Alday quedaron implicados cuando dueños de terrenos expropiados afirmaron que eran sus abogados y que les rindieron mucho menos dinero de lo que pagó la provincia por los inmuebles. De ahí, que la jueza los mandó a detener por ser sospechosos de estafar a sus clientes.
El abogado defensor de Alday, Fernando Echegaray, aseguró que apelará el rechazo de la jueza. Lo mismo dijo Fernando Rahmé, uno de los dos profesionales que representa a Graffigna. Mientras tanto, hasta que la Cámara Penal resuelva, es muy posible que ninguno de los imputados comparezca personalmente por temor a quedar presos.
Por otro lado, ayer se supo que el abogado Diego Sanz se hizo parte querellante en la causa en nombre de una de las familias -de apellido Manrique- supuestamente estafadas por los abogados. El profesional pidió una pericia contable y otra caligráfica sobre la documentación secuestrada en los allanamientos que la Justicia ordenó hace dos semanas en los estudios y los domicilios particulares de Graffigna y Alday.