Un día después de la presentación de un pedido de destitución en su contra por el escándalo de las expropiaciones, el juez Carlos Macchi aseguró ayer que no renunciará para esquivar el proceso y que se defenderá. El magistrado fue acusado por el Fiscal de Estado de actuar deliberadamente para que se consume una presunta estafa millonaria en perjuicio del Estado y si el planteo avanza, será removido del cargo. En una improvisada rueda de prensa, prefirió no hablar de las graves irregularidades que le endilgan e insistió en que no era su responsabilidad observar hechos que ayudaron a que los montos por los que fue condenada la provincia se fueran a las nubes.
Macchi es el titular del Juzgado Civil Nº 5 y está en el ojo de la tormenta por la participación que tuvo en juicios de expropiaciones donde el Estado fue sentenciado a pagar cifras irrazonables y exorbitantes por inmuebles que costaban mucho menos. Ayer, en una de las esquinas de Tribunales, habló por primera vez desde que el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, elevó un planteo al Jurado de Enjuiciamiento para que sea removido del cargo por incumplimiento de los deberes a su cargo y mala conducta.
El jueves, apenas se conoció la noticia de la denuncia, en el entorno de Macchi habían dicho que no iba renunciar para evitar el desgaste de un proceso en su contra. Ayer, él lo ratificó: “Lo estoy afrontando y me voy a defender”, señaló.
El fiscal de Estado lo acusa de más de 30 hechos irregularidades que fueron detectados en cuatro juicios en los que intervino. Entre otras cosas, dejar afuera al Tribunal de Tasaciones, tener en cuenta sólo la pericia del expropiado, no mandar a pedir las actas que determinan desde cuando hay que aplicar intereses, incluir en sus fallos mejoras de terrenos que no se comprobaron, aplicar mecanismos de actualización de precio prohibidos por ley, no observar que las demandas no fueron notificadas como lo manda el Código de Procedimiento y dejar que el abogado de los expropiados, Santiago Graffigna (señalado como uno de los autores principales de las presuntas maniobras fraudulentas), actúe en causas sin estar autorizado.
Macchi intentó ejercer una defensa de su intervención, al afirmar que “yo, como director del proceso, lo único que controlo es que no se viole el derecho de defensa en juicios, que las partes produzcan la prueba, merituar la prueba y dictar la sentencia”. Así, indirectamente, justificó por ejemplo por qué no pidió copias de las actas de desposesión que habían desaparecido de los expedientes (eso fue clave para que los valores aumentaran en forma exagerada).
En los cuatro juicios que tuvo a su cargo Macchi, De Sanctis asegura en la denuncia que las cifras están infladas y que todo es producto de una connivencia entre el juez, Graffigna y el abogado que actuaba por Fiscalía de Estado, Norberto Baistrocchi (ya fallecido). Lo cierto es que por las expropiaciones de 1.500 m2 de vereda en Desamparados, la provincia fue condenada a pagar nada menos que 23 millones de pesos, por 9 hectáreas en Cuesta del Viento tuvo que abonar cerca de 11 millones y están en trámite los procesos por 5 hectáreas del Parque de Mayo y 2 del Canal Benavídez, cuyos montos van por los 1.000 y 100 millones de pesos, respectivamente.
El fiscal de Estado plantea que Macchi “no fue un mero juez espectador” y que actuó en forma deliberada. A modo de respuesta, el magistrado sostuvo que “actué conforme a la ley” y si bien dijo que el funcionario “tiene libertad para hablar lo que él quiera”, remarcó que “tendrá que probarlo”.
Macchi podría convertirse en el segundo magistrado en dejar su cargo por el histórico escándalo. La primera fue Rosalba Marún de Sobelvio, que renunció en enero para esquivar el Jury que presentó en su contra la jueza de la megacausa de las expropiaciones, María Inés Rosellot, para quitarle los fueros y poder indagarla.
Marún, además de evitar el Jury, se aseguró la jubilación. En el caso de Macchi, como elemento extra, su suerte previsional está atada al resultado del proceso de destitución (ver aparte).