El juez de la Corte de Justicia de San Juan, José Abel Soria Vega, quien fue el primer testigo en la reanudación de las audiencias del megajuicio por delitos de lesa humanidad en la provincia, declaró ayer que estuvo detenido durante casi 40 días en el Penal de Chimbas “con la intención de intimidarme para que no siguiera defendiendo” a los detenidos por razones políticas tras el golpe militar del 24 de marzo de 1976.
Permaneció primero incomunicado en la Central de Policía de San Juan, en la calle Entre Ríos, y después lo llevaron al Penal de Chimbas, donde fue interrogado encapuchado y con las manos atadas a su espalda.
“Pero no sufrí apremios ilegales ni torturas, sólo la inseguridad psicológica de no saber cuándo iba a salir”, relató.
Soria Vega era abogado y militante del Encuentro Nacional de los Argentinos y en esa condición manifestó que le tocó defender y presentar numerosos recursos de habeas corpus por detenciones ilegales tras la caída del gobierno democrático.
Al igual que el gobernador José Luis Gioja, quien declaró el año pasado, el cortista tenía la opción de declarar por escrito, pero optó por asistir en forma personal.
Fue así que contó que el 4 de junio de 1976 se presentaron en su oficina dos personas que le dijeron que eran policías y lo llevaron a la Central. En la jefatura policial el jefe del D2, José Hilarión Rodríguez, le informó que estaba incomunicado y lo llevaron a la cárcel de Chimbas. En ese lugar, un día lo llevaron a declarar y le preguntaron por su participación en la impresión de panfletos vinculados a Montoneros. “Pero yo nunca tuve nada que ver con eso, era falso”, expresó.
Luego, siempre encapuchado y sin poder ver, le hicieron firmar un acta y después lo llevaron a declarar ante el juez federal Mario Gerarduzzi, quien dispuso que le dieran la libertad por falta de mérito. Pero recién fue liberado el 15 de julio de ese mismo año.
Entre otras personas a las que les tocó defender porque habían sido apresadas tras la caída del gobierno constitucional mencionó a Víctor Carvajal, Juan Nefa y Daniel Illanes. Incluso dijo que cuando estuvo en el Penal tuvo la oportunidad de ver a varios.
“Muchos estaban golpeados, pero nunca ví o escuché que torturaran gente”, dijo el cortista ante una pregunta del fiscal Mateo Bermejo.
Durante la audiencia, al testigo le exhibieron un documento fechado el 11 de junio de 1976 en el RIM 22 en el que estaba su firma. Y Soria Vega dijo que fue el que le hicieron firmar encapuchado y sin que pudiera leer su contenido. Pero aclaró que “nunca advertí que me llevaran a Marquesado”.
Una vez liberado, Soria Vega dijo que siguió actuando en defensa de los detenidos políticos y presentando recursos de habeas corpus. Y hasta dijo que siguió visitando periódicamente el Penal de Chimbas.
Por continuar concurriendo al Penal, incluso contó que los gendarmes que estaban a cargo de la custodia de la institución le decían que “vos estás loco”.
En otra parte de su declaración mencionó que como las autoridades militares “eran las únicas que podían dar información sobre los detenidos”, mantuvo encuentros con el ex jefe del RIM 22, Juan Bautista Menvielle, y con Carlos Malatto. El primero ya fallecido y el otro es uno de los acusados en el megajuicio, pero está prófugo de la Justicia en Italia.
Después le tocó declarar a su esposa, Marta Estela Palacios, quien por la época del golpe era empleada del INV. Ella contó de las dificultades que tuvo hasta que logró que le confirmaran que su marido estaba detenido primero en la Central de Policía y después en el Penal, porque las autoridades se lo negaban.