La empresa Latinun Uranium empezó a explorar uranio este año en la localidad jachallera de La Ciénaga y no tuvo problemas al principio, hasta que un grupo de vecinos salió a poner el grito en el cielo porque se trata de un área protegida por ley. Ante el rechazo, tanto Minería como Ambiente salieron a aclarar que las tareas de búsqueda se pueden realizar porque generan un impacto mínimo y no violan las disposiciones legales. Pero aún cuando la tarea pudiera continuar, en el fondo hay una cuestión que, al menos, pone en duda el futuro del proyecto. Si la compañía determina que hay recursos y que es factible desde lo económico y lo técnico explotarlos, se toparía con una barrera que va más allá de la licencia social. Un funcionario y dos técnicos de la administración giojista que prefirieron preservar sus nombres coincidieron en que las prohibiciones de la ley impiden poner en marcha la etapa de extracción del mineral, por lo que no quedaría otro remedio que modificarla si es que la política estatal pretende avanzar con el proceso.
Latinun Uranium obtuvo formalmente un permiso de Minería de la provincia para explorar uranio en la localidad jachallera a principios de la era giojista. Y en 2005, Diputados aprobó una ley que impulsó el por entonces legislador Marzio Meglioli y declaró área protegida a La Ciénaga para preservar la flora, la fauna y los recursos, prohibiendo en la totalidad de la zona extraer “bienes, elementos y muestras que integren el patrimonio cultural, geológico y arqueológico”.
El revuelo por la presencia de la empresa en La Ciénaga despertó decenas de opiniones (ver aparte) y, al mismo tiempo, sin querer, desnudó una contradicción del Estado. Por un lado, dio un permiso para buscar uranio con la lógica deducción de que si se encuentra, se podría explotar mediante un nuevo permiso. Y por otro promovió una ley que, según el funcionario y los técnicos, no permite sacar minerales del lugar. Un combo que denota un sinsentido y que encuentra respuesta en la falta de articulación entre organismos públicos.
La ley no tuvo pedidos de modificación y en las áreas especializadas del Ejecutivo no advirtieron el permiso de exploración que dio derechos previos. Y mucho menos que esa habilitación lleva implícita la posibilidad de ir por la siguiente etapa del proceso minero, la explotación. ¿Para qué quiere alguien, sea el Estado o un privado, invertir dinero en buscar un recurso, si después no va a tener la chance de sacarlo?
Dicen con molestia en oficinas del Ejecutivo que desde Diputados no hubo consultas. Fuentes de aquel mandato legislativo afirmaron que sí se preguntó y que, en todo caso, nadie se preocupó por revisar antecedentes y dar una respuesta que no dejara cabos sueltos.
Si de voluntad se trata, la ley de La Ciénaga y las del mismo tenor que se sancionaron en los últimos años para otras zonas hablan del plan giojista de cuidar el medio ambiente. Y el OK para buscar uranio es prueba de querer seguir impulsando el desarrollo minero.
Las tres fuentes aseguraron que para compatibilizar voluntades se deben hacer estudios y en base a los resultados, promover una ley que delimite en La Ciénaga áreas de protección estricta y otras donde se permita la minería. El ministro Felipe Saavedra insinuó esta semana una modificación de la norma, al hablar de “definir límites”.
Un ejemplo es la reserva de San Guillermo. Se definió un núcleo donde no se puede practicar actividad industrial alguna, una zona de amortiguación y una de de usos múltiples más permeable a la minería.
La alternativa es optar por un camino en forma excluyente, o la ley o la minería, como se hizo en la zona del cerro Mercedario. Claro que nadie llegaría a ese aprieto si el proyecto jachallero no es factible por cualquier circunstancia, ya que directamente no habría explotación.
El Gobierno pone su mirada hoy en la resistencia vecinal de Jáchal como tema a resolver de inmediato. Es posible que ni a esta gestión ni a la que venga le toque actuar en un sentido o en el otro porque hay proyectos que tardan hasta décadas en factibilizarse o no, aunque todos los involucrados querrían certidumbre. Llegado el momento, si llega, un dato de peso podría ser el interés nacional de contar con uranio para las centrales nucleares que generan energía eléctrica.