El 1 de junio, en una finca de Pocito, un joven de unos 17 años tuvo que ser rescatado por la Policía y Bomberos porque se había "caído" a un pozo de más de 80 metros de profundidad. En realidad, el menor había quedado atrapado luego de meterse a la perforación para robar cable y, después, vender el cobre de su interior. Por el episodio, el bombero que intervino había manifestado categóricamente que "son kamikazes, se meten por unos metros de cable. De hecho, al llegar al lugar, el material de la bomba no estaba, así que se lo llevaron y dejaron al chico adentro del pozo". Según los datos estadísticos aportados por la Policía, este tipo de casos se ha incrementado. Sólo en cables, en los primeros seis meses de este año se ha producido casi la misma cantidad de hechos que en todo 2021, lo que ha desatado fuertes quejas del sector productivo y de empresas como Energía San Juan (por el robo de transformadores) y Telefónica, indicaron las fuentes. Ante ese escenario, desde la gestión uñaquista apuntan a sacar una ley para crear un registro provincial y, de esa manera, cortar la comercialización ilegal de metales. Por el lado de la Justicia, la actuación será a través del sistema de Flagrancia. Así, en aquellos casos en que los dueños de depósitos o chacaritas no acrediten el origen de los metales, serán investigados por encubrimiento, delito que se castiga con seis meses a tres años de prisión.
La redacción de un proyecto de ley fue confirmada por el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, quien indicó que el texto está listo y está siendo revisado para ser enviado a la Cámara de Diputados en el corto plazo. Según pudo adelantar, el proyecto apunta a regular el "acopio de metales no ferrosos, su adquisición, compra venta y transporte" en "desarmaderos, chatarrerías, depósitos y recuperadoras, entre otros". A través de la sanción de la norma, lo que se busca es "atacar la comercialización de elementos robados, como cobre y otros elementos, que ocurren en emprendimientos productivos, en servicios de electricidad, telefonía y conexiones de gas". Así, "todo aquel que compre este tipo de materiales y no pueda demostrar su origen, será responsable de sanciones administrativas, como multas, inhabilitación, clausuras, decomiso y retiro de permisos", mientras que, en los casos en los que existan sospechas sobre participaciones en hechos delictivos, "se le dará intervención al sistema penal a través de Flagrancia". Mientras tanto, Munisaga aclaró que se ha reforzado la prevención con más unidades de la Policía Rural y la capacitación en dicha investigación.
En esa línea, el fiscal General, Eduardo Quattropani, resaltó el trabajo en conjunto con Munisaga, ya que "es un tema que nos preocupa muchísimo". Es que, según explicó, "no solo ocurre un robo, sino que se produce un daño gravísimo porque se inutilizan pozos de agua, se dejan zonas sin luz, sin provisión de gas y sin comunicación". El delito a investigar por Flagrancia sería el de encubrimiento, ya que se trataría de alguien que "adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos provenientes de un delito".
Por otro lado, tanto Munisaga como Quattropani indicaron que se tiene conocimiento que los elementos robados son transportados a Mendoza para ser reducidos. Para llegar a la vecina provincia se usan caminos alternativos, por lo que se está poniendo foco en esos accesos.
Metales no ferrosos
Algunos de los metales en la mira son cobre, estaño, plomo, níquel, cobalto, cromo, molibdeno, titanio, tantalio, tungsteno y cerio. También existen aleaciones. Quienes comercialicen deberán estar registrados.
Cantidad de casos
Entre 2021 y lo que va de 2022, en Pocito ocurrieron 84 episodios de robo de cables. El segundo distrito con más casos fue Sarmiento (65) y luego Rawson (43). Para transformadores, 25 de Mayo lideró la lista con 20 casos.