La puja por la utilización de los símbolos del diputado nacional Javier Milei sumó un nuevo capítulo este lunes en San Juan. Luego de que el apoderado del frente Desarrollo y Libertad, Gustavo Yañez, realizara una denuncia la semana pasada, la Justicia abrió una investigació penal contra el candidato a gobernador Sergio Vallejos, quien continuó utilizando la gráfica del candidato presidencial a pesar de contar con una prohibición.
"El pasado 31 de marzo, Yañez realizó una denuncia contra Vallejos y los representantes del frente Unidos por San Juan, en la cual se refiere específicamente a la posibilidad de que desobedecieron una resolución judicial, que estarían incumpliendo el cese del uso del león en color amarillo y fondo negro, así como toda otra imagen o leyenda identificatoria de Milei", dijo el fiscal Iván Grassi en Radio Sarmiento.
En ese sentido, el funcionario judicial explicó que "el apoderado legal del frente denunciante aportó documentación y este lunes se abrió una investigación penal preparatoria a los fines de que se establezca si la denuncia tiene entidad y recabar elementos de convicción para ver si estamos ante la presencia de un delito y, en ese caso, formalizar".
Más temprano, la compañera de fórmula de Vallejos y candidata a vicegobernadora, Federica Mariconda, aseguró que su espacio político no iba a bajar la cartelería, pero sí iba a enmendarla, a lo que Grassi se refirió diciendo que "es muy temprano para decir si eso se está cumpliendo o incumpliendo".
El frente Desarrollo y Libertad había obtenido el aval del espacio del libertario para la utilización de su imagen y emblemas, por lo que el Tribunal Electoral le había otorgado la exclusividad. No obstante, en la coalición señalaron que la agrupación Unidos por San Juan (UXSJ), que conduce Marcelo Orrego, y el candidato a gobernador Sergio Vallejos no han acatado lo que ordenó el organismo.
Según dijeron, la exalianza Juntos por el Cambio está incumpliendo una orden de autoridad competente, por lo que estarían incurriendo en el delito de desobediencia judicial, el cual se castiga con 15 días a un año de prisión, una figura que contempla la excarcelación. Incluso, fueron duros al exponer que "resulta claramente violatoria y desafiante la conducta asumida por los obligados a la abstención de uso, quienes pretenden desconocer la naturaleza de un fallo judicial u órgano competente, pretendiendo sin más imponer ‘la ley de la selva’".
La resolución completa
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