La Justicia Federal desató una investigación que posó la lupa sobre la obra pública y el delito de lavado de dinero. Sobre la causa reinó ayer el hermetismo, por lo que no trascendieron los detalles de cómo se habría efectuado la presunta maniobra, pero fuentes calificadas confirmaron que tiene que ver con el manejo de fondos nacionales, ya que la causa también apunta a establecer si existió una supuesta defraudación al Estado central. Más concretamente, el foco está puesto en un plan para la construcción de casas que se firmó en la gestión pasada y que instrumentó el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) desde 2013. Como el caso está en pleno desarrollo, aún no hay autores señalados, pero la mira está puesta, en principio, en la repartición local y en las empresas que habrían intervenido, reconocieron las fuentes.

El caso salió ayer a la luz debido a que los efectivos de la Delegación local de la Policía Federal secuestraron documentación del IPV sobre el mediodía. Los uniformados se llevaron los convenios firmados entre 2013 y 2015 con la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ministerio de Planificación de la administración kirchnerista, los cuales tienen que ver con la construcción de hogares en el marco del programa Techo Digno. Dentro de esos expedientes, también cargaron los pliegos de tres licitaciones de 2014 para la edificación de barrios en Rawson, Chimbas y Pocito y las resoluciones de adjudicación.

La denuncia se radicó hace unas semanas en la Fiscalía Federal con asiento en San Juan y a pesar del silencio, una versión indica que partió del más alto nivel del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Si bien no hay una confirmación oficial, todo indica que se trataría de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), un área especializada que entiende en ese tipo de hechos. Las fuentes indicaron que el fiscal Francisco Maldonado solicitó que se abriera la investigación y el magistrado Miguel Gálvez, quien está como subrogante en el Juzgado Federal Nº2, le dio curso y ordenó el secuestro de la información que tiene la repartición ubicada en el Centro Cívico.

De avanzar la investigación, se verá si hay algún funcionario y empresario involucrados, que son las patas que suele requerir el delito de lavado de dinero. El mismo consiste en darle apariencia lícita a fondos que provienen de alguna actividad ilegal. En este caso, como no trascendió la mecánica, se deberá determinar el uso y destino de recursos nacionales que llegaron para obra pública.