El Sindicato de Petroleros Privados de Santa Cruz fue intervenido ayer por la Justicia provincial después de 22 días de paro y conflicto "intrasindical", de acuerdo con la caracterización del ministro argentino de Trabajo, Carlos Tomada, que a su vez anunció la designación de un delegado normalizador.

El representante de Trabajo, Roque Luis Vitale, estará a cargo, "por poco tiempo", hasta que intervenga la entidad de segundo grado, la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles, señaló Tomada en una conferencia de prensa.

"Creemos que es indispensable que el Ministerio tome esta decisión, que no es una intervención, sino designar a un funcionario hasta tanto la Federación intervenga", indicó el ministro. Tomada precisó que "el motivo del conflicto entre la empresa y el sindicato está resuelto, lo que ocurre ahora es que hay un conflicto intrasindical", en referencia al enfrentamiento entre los ahora desplazados secretarios general, Héctor Segovia (que se opuso al paro), y adjunto, Rubén Retamoso (que los promovió).

El motivo de la huelga fue la disconformidad con un acuerdo firmado por Segovia por 25.000 pesos adicionales en cinco cuotas. Según los disidentes, ese pago ya había sido otorgado de antemano por las empresas petroleras. En cambio, reclaman la apertura de un acuerdo paritario que se mantiene tal cual fue firmado hace 40 meses. El miércoles pasado, 5 mil afiliados al gremio petrolero realizaron una asamblea para pedir la renuncia de Segovia y poder destrabar el conflicto.

Los 22 días de paralización total en los yacimientos petroleros de Santa Cruz ubicados en la cuenca del golfo San Jorge generaron temores de desabastecimiento de combustibles, según advirtieron en las últimas horas empresarios del sector.

Frente a los temores, el Juzgado de Instrucción de Caleta Olivia intervino ayer el Sindicato de Petroleros Privados de Santa Cruz por pedido del gobierno provincial, tras 22 días de conflicto que mantiene paralizada la producción hidrocarburífera. Si bien se prevé que con la intervención podría normalizarse la actividad en el norte de la provincia, Tomada no dio una definición tajante al respecto: "suponemos que esto garantiza el funcionamiento de la actividad petrolera", acotó. Tras la designación del delegado normalizador, se prevé que en un plazo de 90 días se convoque a elecciones.