“Hay un estado ausente, sin presencia ni política de seguridad. Hay que modificar el código de procedimientos penal para bajar instrucción a los jueces y sobre los derechos de los delincuentes”, señaló hoy Miguel Arancibia, referente del grupo 1852, que se especializa en temas de seguridad, como claves para terminar con la ola de delitos violentos que se viene dando en nuestra provincia.
“Hay que pasar a los jueces de instrucción a garantías y tener un fiscal que pueda judicializar el expediente en cada cabecera departamental las 24 horas, todos los días. El fiscal tiene que poder allanar, dictar procedimientos”, analizó, como otro tópico fundamental.
“Un juez de instrucción está de guardia día y noche, los 30 días. Le entran 270 expedientes acumulativos diarios, ¿qué juez puede investigar esa cantidad de hechos?”, se preguntó Arancibia.
“Si bien la ley dice que la policía tiene que hacer la investigación en campo, el juez tiene que dictar detenciones, allanamientos. Esto ha quedado totalmente obsoleto, era una legislación para cuando San Juan tenía un delito diario grave y nada más”, resaltó.
“El problema nuestro de seguridad es el ministerio de Gobierno. Este plasma su política de seguridad en el código de procedimiento y en la ley orgánica para la policía. Usted la mira a esta ley y recibe instrucciones, tiene la política fijada. Pero hoy con los paupérrimos medios con los que cuenta la policía no se puede trabajar”, sostuvo.
“El otro día el ministro Fernández dijo que en el 2009 había habido 26000 delitos. ¡No sé si alguno llegó a condena!”, se alarmó, y afirmó que “en este año, ya estamos en el mismo número”. Se mostró convencido de que el “el gobierno quien no ordena condenar, o quien ordena no condenar. Se de reos que aun aceptando la culpa no han recibido la pena”, criticó.
Si usted va a tribunales y le pregunta a cada uno de los detenidos cuantas veces ha estado en esa condición, le van a contestar que hasta 30 veces algunos, y jamás han sido condenados”, manifestó Arancibia. “Y no por mala voluntad del juez”, agregó, “sino porque el sistema está muy trabado, cualquier abogado con 2 o 3 oficios le empasta la causa”.
“La legislación debe ser cambiada. Pero nuestros diputados no estudian, no quieren sesionar cuando deben, quieren trabajar cada día menos”, disparó. “Las leyes que tenemos vigentes son todas garantistas, están todas estructuradas después del 83. De todas formas, no hay que discutir si garantismo o mano dura. Hay que superar ese debate. Los países más desarrollados tiene sus políticas de seguridad basadas en la prevención”, concluyó.