San Juan, 20 de julio.- El caso del menor muerto en manos de un agenciero días pasados, reavivó una polémica en la justicia sanjuanina: ¿Qué hacer con los menores?. “Yo me había propuesto no hablar más de este tema”, señaló el fiscal General sanjuanino, Eduardo Quattropani, “porque cada vez que pasa algo nos centramos en las consecuencias y perdemos de vista lo importante, y uno siente cierto cansancio espiritual”.

Quattropani consideró que “de los que verdaderamente tenemos que hablar es de la políticas de estado que tenemos, y de las que debemos darnos, en el poder judicial en cuanto a seguridad y justicia”.

El fiscal dijo que “por los medios me he enterado, porque no tengo comunicación oficial, de que se planea invertir los pocos dineros que tenemos en la justicia, para crear organismos que atiendan la avalancha de ejecuciones fiscales que llevan y llevarán a cabo dependencia como OSSE, o la oficina de Rentas, u otras reparticiones del Estado. Si esto es así, es claro qué es lo importante y lo accesorio”.

“Proyectos importantes como la 3º Circunscripción Judicial, que abarcaría Sarmiento, Rawson, Pocito, murieron antes de nacer por falta de presupuesto”, declaró.

“La provincia, para decirlo claramente, está en deuda con el Poder Judicial, porque le debe un Código Procesal Juvenil, del que ya hay dos proyectos, si bien con algunas críticas, que no se pueden llevar adelante por falta de financiamiento”, agregó el funcionario.

“Hace 20 años que escuchamos la misma cantinela”, subrayó, “que no se puede hablar de policía judicial e investigación fiscal, porque no hay presupuesto, pero no se sabe cuán caro es”, señaló.

“Si vamos a aplaudir la creación de organismos que atiendan ejecuciones fiscales, sean de 100, 500, 1000, o 50.000 pesos", insistió, " no vengan después a criticar si un juez reclama tal cosa o toma alguna decisión, porque lo que se hace entonces es acentuar el discurso sobre las consecuencias y no sobre lo esencial, que es cómo se organiza y financia el sistema judicial. No podemos reclamarle nada a los jueces y fiscales si no les damos una mínima estructura”.

“Mientras se deciden estas inversiones en otras cosas, tenemos hace 40 años, sólo dos juzgados de menores, dos jueces, dos asesores, dos defensores, un edificio que se inunda…entonces… ¿qué van a reclamar?, se preguntó.

“Después viene la pregunta, ¿qué hacemos con los menores? Y la verdad es que ahora no hay que debatir que hacemos con los menores, sino que hacemos con el fuero penal de menores que nos debemos, pero eso tiene de nuevo que ver con la inversión.

Por último, Quattropani consideró que los “delitos están cada vez más violentos, y seguirán empeorando”.

Una de las razones por las que pinta el panorama sombrío es que “sigue triunfando una corriente que llamaríamos el garantismo exacerbado, o teoría abolicionista del derecho penal, como la llaman algunos, cuya línea baja incluso de la misma Corte Suprema de justicia de la Nación, y las leyes centrales, por la cual deja de imperar un sistema judicial, y lo que manda es el puro beneficio para el que violenta la ley, pura ayuda, contemplación y entendimiento a quien vulnera el orden y no a quienes son víctimas del delito”, sentenció. “Y a aquellos que ponemos ciertas penas o recortamos ciertos beneficios, se nos acusa de vulnerar los derechos humanos y de estar fuera del mundo civilizado”, concluyó.