Luego de que los docentes civiles fueran dados de baja de la ex Escuela de Policía y no recibieran ninguna compensación económica, el Gobierno provincial decidió ahora que los indemnizará. La definición llegó luego de que un grupo de profesores realizaran presentaciones y reclamos en sede administrativa para que se reviera la situación. Fuentes de la causa estiman que los resarcimientos rondan entre los 50 y 100 mil pesos, o inclusive mucho más, dependiendo de cada caso.
Los que no recibirán la indemnización son los docentes que pertenecen al personal policial, ya que el área legal entendió que como se encontraban retirados, no se afectó su estabilidad como empleados al darles de baja sino que se concretó el cese de una función accesoria, lo que está avalado por ley.
La Escuela de Policía era la encargada de formar a los agentes y cadetes para su ingreso a la Fuerza, pero en 2012, la gestión giojista decidió que dicha capacitación quedara en manos de la Universidad Católica de Cuyo para una mayor profesionalización. Así, la institución, que tenía una plantilla de 20 uniformados retirados y 18 civiles, quedó sin razón de ser. Tras ser despedidos, los docentes se agruparon y buscaron distintos abogados. Entre los que más profesores defienden se encuentran Daniel Persichella, que asesora a 17, y Raúl De la Torre, con 14. El primero señaló que aún no ha sido notificado del decreto del Ejecutivo, pero dijo que en el caso de que se le hiciera lugar al planteo de los civiles, iniciará el trámite de cobro. Con respecto a los policías, manifestó que una vez que tenga conocimiento de los argumentos, analizará la alternativa de plantear un juicio contencioso administrativo. Por su parte, De la Torre aseguró que tomará ese camino ya que ‘el Estado al discriminar entre docentes civiles y policías, y reconocer sólo a los primeros el derecho a ser indemnizados, incurre en un delicado error que ha de subsanar para no incurrir en una irritante injusticia por discriminación‘.
Luego de que la formación académica de los aspirantes a policías quedara en manos de la Universidad Católica, el Gobierno les concedió a los profesores de la ex Escuela de Policía una licencia extraordinaria con goce de haberes. Tras un año y medio, finalmente el Ejecutivo definió darles de baja basándose en la ley que declara en estado de emergencia a los servicios de la Fuerza, lo que permite al Ministerio de Gobierno modificar, extinguir y suprimir funciones. El reclamo de todos los profesores era que se había sido violada su estabilidad como empleados públicos y pedían que fueran reubicados o, en todo caso, indemnizados. A través de una serie de decretos, el Ejecutivo le hizo lugar al reclamo indemnizatorio de los civiles al considerar que están contemplados dentro de la ley 3.816 del trabajador estatal. En cambio, rechazó el planteo de los uniformados porque se encuentran retirados, por lo que no se violó su estabilidad, y sólo se hizo una ‘supresión‘ de tareas que avala la norma que establece la emergencia de los servicios policiales.
El único de los civiles que no será indemnizado es Isidro Díaz, expresidente del Foro de Abogados, ya que, según la resolución, se encuentra jubilado y el cese de funciones no lo afecta. Un docente que siguió directamente la vía contenciosa administrativa fue Carlos Alcayaga (exjefe de Policía), quien está en etapa de mediación y pide la nulidad del decreto del Ejecutivo.