Pese a que la Justicia Federal le había ordenado en cinco oportunidades que facilitara documentación para llevar adelante una investigación, la Subsecretaría de Trabajo nunca la suministró. Ante el reiterado incumplimiento, el juez Leopoldo Rago Gallo, a instancias de un planteo del fiscal Francisco Maldonado, dispuso la indagatoria para el responsable del organismo laboral provincial, Roberto Correa Esbry. La medida se llevará a cabo el lunes y el funcionario está bajo la lupa por resistir o desobedecer una orden judicial, dijeron fuentes calificadas. El delito por el cual será investigado es excarcelable, por lo que no corre ningún tipo de peligro de ir a prisión.
La causa contra Correa Esbry es un desprendimiento de un expediente que tiene en sus manos el Juzgado Federal Nº2. En este último se investiga si la exempresa autopartista Delphi Packard había cometido algún manejo irregular que hubiera derivado en delitos económicos y financieros. La compañía era controlada por el fondo buitre Elliot Management y había anunciado en diciembre de 2014 que cerraba sus puertas y trasladaba todo a Brasil para abastecer al mercado argentino desde ese país, dejando a 470 trabajadores sanjuaninos en la calle. Sin embargo, por las intensas acciones que realizaron la provincia (en las que participó Correa Esbry como subsecretario laboral) y la Nación se llegó a un acuerdo y el grupo del empresario argentino Héctor Méndez adquirió el paquete accionario y la fábrica hoy sigue funcionando.
En el marco de la investigación, la Justicia Federal con asiento en San Juan le había pedido a la Subsecretaría de Trabajo informes sobre el proceso de conciliación obligatoria en el que había participado la empresa, en el lapso que va de 2002 a 2015. Para ello, requería la entrega de copias de las actas y las resoluciones vinculadas al procedimiento.
El primer planteo se dio en septiembre de 2015 y hubo cuatro más que se repitieron en el transcurso de este año (Ver cronología). Las fuentes señalaron que hubo tan sólo una contestación del organismo laboral, pero que no conformó a las autoridades judiciales, debido a que no daba ningún tipo de información. Es más, aseguraron que la repartición pidió que le dieran detalles de lo que necesitaban cuando en la Justicia entienden que se trata de documentación fácil de suministrar por tratarse de un procedimiento habitual en esa dependencia que intercede en conflictos de trabajo.
Cansados de enviar oficios y no tener novedades, el juez Rago Gallo ordenó esta semana indagar a Correa Esbry, haciéndole lugar al requerimiento de instrucción del fiscal Maldonado.
La causa contra el subsecretario laboral es por el delito contemplado en el artículo 239 del Código Penal, para quien “resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones”. En este caso, incumplir una orden judicial. La pena es de 15 días a un año de prisión y como el máximo no supera los tres años de castigo, permite la excarcelación. La indagatoria es un medio de defensa para el sospechoso de un delito, quien está obligado a decir la verdad, por lo que Correa Esbry podrá dar las explicaciones del caso.