La empresa Emprendimientos de Salud, gerenciadora de la obra social de los empleados mercantiles en la provincia, Osecac, está siendo investigada por la Justicia Federal por un caso en el que hay sospechas de la comisión de los delitos de lavado de dinero y evasión tributaria, con origen en Córdoba. El miércoles allanaron las oficinas de la sociedad en la provincia e incautaron documentación, pero no detuvieron a nadie. El caso comenzó tras la quiebra de la compañía financiera CBI Cordubensis, en febrero pasado, en la que aparentemente funcionaba una mesa de dinero. La causa tiene vinculaciones con el poder político de la provincia mediterránea, porque podrían estar involucrados funcionarios cercanos al gobernador Juan Manuel De la Sota y al intendente radical de la capital, Ramón Mestre.
La investigación judicial comenzó a partir del 13 de febrero pasado, cuando el empresario Jorge Suau, vicepresidente de la financiera, apareció sin vida dentro de su camioneta 4×4, aunque hasta el momento no se ha determinado si se suicidó o fue un crimen. El muerto dejó 2 cartas que fueron el disparador para el inicio de una causa federal, con intervención del juez Ricardo Bustos Fierro y luego se sumó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Hasta ahora hay 9 imputados (ver página 3)
Según explicó en el sitio Infojus Noticias Pedro Biscay, el hombre de la Procelac que actúa en la investigación, en la financiera funcionaba una mesa de dinero, que recibía plata en efectivo y cheques de empresas o inversores privados. También captaban dinero del público, a través de un sistema de cajas de seguridad y daban préstamos. La sospecha es que parte de los recursos podrían provenir de lavadores de impuestos y hasta el momento no han detectado fondos provenientes del narcotráfico, aunque no lo descartan.
La vinculación con San Juan, según fuentes de la causa, sería que hay sospechas de que Emprendimientos de Salud participaba con fondos que recibe de Osecac en la mesa de dinero ilegal, para obtener importantes ganancias.
El gerenciamiento significa que la empresa recibe el dinero de la obra social y es la encargada de administrarlo, tarea que comprende desde la contratación de los servicios médicos hasta el pago de los sueldos. Además de San Juan, realizaría la misma tarea en San Luis y Mendoza.
Según Raúl Avila, secretario general de los mercantiles y delegado de Osecac, “la obra social no se ha visto afectada y está trabajando con normalidad”. La organización tiene 33.000 beneficiarios en San Juan.
Los allanamientos en la provincia tuvieron lugar el miércoles, por pedido de Bustos Fierro y con intervención del juez Leopoldo Rago Gallo. Y fueron en oficinas, una escribanía y un estudio contable vinculados a directivos de la gerenciadora, aunque no hubo ningún detenido.