Integrantes de la Cámara de Prestadores de Servicios Mineros de Iglesia (Capresmi) presentaron ayer una nota a los miembros de la comisión formada por el juez federal Sebastián Casanello que subieron a la mina Veladero para realizar una inspección ambiental tras el derrame de solución cianurada en septiembre del año pasado. En el escrito expresaron su rechazo al posible cierre del yacimiento y se quejaron porque no se dio participación a las comunidades cercanas al emprendimiento y sí, en cambio a “gente ambientalista y antiminera”.
“No estamos de acuerdo con el accionar de aquellas personas que desconocen y opinan sobre la geografía, historia e idiosincrasia de Iglesia tratando de confundir a la opinión pública”, dice el documento.
Una comisión de expertos armada por el magistrado federal visitó la mina ubicada en Iglesia con la misión de aportar información para el posible cierre preventivo del yacimiento. Estuvo integrada por representantes del Ministerio del Interior, de la Secretaría de Recursos Hídricos, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Minería de la Nación, efectivos de la Policía Federal y por personal de la empresa Barrick. Si bien la Provincia no integra la comisión, hubo miembros de la la Policía Minera.
Esta nueva visita se suma a la que ya efectuó el hidrogeólogo estadounidense Robert Morán, también por orden del juez Casanello. El magistrado está interviniendo tras una denuncia de la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Patagonia, pero su actuación en el caso está en revisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por un conflicto de competencia con el juez de Jáchal, Pablo Oritja.
Desde el juzgado de Casanello se negaron ayer a brindar información sobre la marcha de la investigación con el argumento del secreto de sumario.