Como lo había adelantado este diario, finalmente el Tribunal de Cuentas condenó al ex intendente de Calingasta Adolfo Ibazeta en un juicio de responsabilidad por no custodiar responsablemente los 189 mil pesos en Crefi que le robaron al municipio en 2001. La sorpresa es que el ahora concejal no deberá reintegrar esa suma para reparar el daño económico, sino mucho menos. El organismo de control tuvo en cuenta que los papeles cotizaban en esa época al 20 por ciento y como equivalente, fijó en 37.900 pesos la cifra que deberá poner de su propio bolsillo. El cobista aseguró que apelará.

La condena a Ibazeta también alcanza a Fabiana Cortez, una empleada del municipio a quien el ex intendente le confió la custodia de los Crefi. La resolución indica que los dos deberán poner plata propia para saldar el perjuicio que sufrió el municipio de la Calingata con el robo.

La historia se remonta a 2001. El municipio tenía 250 mil pesos en Crefi e Ibazeta los iba a canjear al otro día por dinero fresco en la ciudad. El problema fue que en vez de dejarlos en un lugar seguro, se los dio a Cortez y ella se los llevó a su casa, en el Barrio Kennedy, de dónde se los robaron. La policía recuperó una parte, pero hay 189 mil pesos que no aparecieron.

Según el Tribunal de Cuentas, actuaron con "irresponsabilidad". Ibazeta, porque se movió "sin tomar ningún recaudo para la seguridad de dichos valores". Y la empleada, por llevarlos a su domicilio particular.

El caso, a pesar de la condena, podría decirse que tiene un final particular que beneficia tanto a Ibazeta como a Cortez. Simplemente porque los valores robados fueron bonos que ya desaparecieron y no plata en efectivo.

Pasa que como Ibazeta tiene que reintegrar plata -porque los títulos ya no tienen valor legal- y en esa época los bonos cotizaban al 20 por ciento -por un Crefi se pagaban 20 centavos-, el organismo de control hizo una cuenta excepcional. Estableció que el perjuicio contra el municipio equivale al 20 por ciento de los 189 mil Crefi robados. Es decir, 37.900 pesos. Y eso es lo que tendrá que pagar cada uno de los involucrados.

El calingastino aseguró ayer que analizará el fallo y "seguramente vamos a apelar, porque ni siquiera me hicieron declarar para defenderme". La posibilidad es presentar un recurso de reconsideración en el organismo y si se lo rechazan, ir a la Corte de Justicia. Presentación que llegaría justo cuando el máximo tribunal está por resolver si los juicios de responsabilidad son constitucionales.

Los cuestionamientos hacia el procedimiento para enjuiciar a funcionarios son impulsados por Fiscalía de Estado. Dice que son inconstitucionales, por considerar que un juez ordinario es el único que puede imponer una condena. Y si le hacen lugar, todos los fallos por juicios de responsabilidad que no están firmes quedarán en la nada, incluido el del ex jefe comunal.

Ibazeta es el cuarto intendente condenado por el Tribunal de Cuentas desde su renovación, en 2004. Los otros tres han usado mecanismos procesales para resistir y no han pagado (Ver aparte).