En la causa por los supuestos pagos de sobreprecios en las comercializaciones de terrenos que realizaron 14 empresas con el IPV en la gestión anterior, la Justicia Federal recolectó ayer documentación del origen de dichas operaciones: las ventas que hicieron los dueños iniciales de los inmuebles con las compañías. Por orden del juez Leopoldo Rago Gallo, la Policía Federal secuestró de 13 domicilios las escrituras y los recibos de las transacciones que efectuó un grupo de 21 expropietarios. Fuentes calificadas explicaron que la medida se gestó para contar con los registros originales y verificar si los precios coinciden con la información que ya recabaron los investigadores.
El caso estalló porque el IPV, entre 2014 y 2015, para hacer casas bajo el plan nacional Techo Digno, pagó lotes a precios superiores de lo que lo habían adquirido las constructoras unos días antes. En un caso, llegó a desembolsar hasta un 639 por ciento más.
Con el procedimiento de ayer, el magistrado cuenta con la documentación de muchas de las operaciones entre los particulares y las firmas constructoras. Días atrás, secuestró pruebas de las 14 empresas que están sospechadas y del IPV de las 16 operaciones bajo investigación.
Los operativos se realizaron en la mañana y los uniformados concurrieron a 22 domicilios con una orden de presentación con allanamiento en subsidio. En 13 encontraron la documentación que buscaban. En el resto, los propietarios no fueron ubicados y el juez decidirá los pasos a seguir.
Según las fuentes, en un hogar en Chimbas, los uniformados se llevaron los documentos por la venta de un inmueble de ese departamento que concretaron Miguel, Alfredo, Carlos, María Estela y María Laura Casares con Scop. En el mismo distrito, secuestraron los comprobantes de la operación que efectuaron María Graciela Giménez y Manuel Hierrezuelo con la misma empresa. Además de documentación de un domicilio en Rawson por la transacción de un terreno en Santa Lucía que realizaron Sergio, Jorge, Héctor y Oscar López con Dicom.
También se llevaron información de una vivienda en Capital, por la venta de un terreno chimbero que concretó Ida Scalzoto con Nacusi. El departamento capitalino fue escenario de otro pedido de documentación a Carlos Brisson, quien le vendió un lote en Rawson a Sigma. En Santa Lucía, Esther Fernández entregó los comprobantes de una operación con Dicom. En esa misma zona, Claudio López dispuso de la transacción que realizó con la anterior empresa por otro lote de Santa Lucía.
Por otra parte, los uniformados se llevaron de otra casa de Capital la boleta de la venta que Miguel Ángel Salguero firmó con Valdivieso. En Albardón, Manuela Sánchez brindó los datos de una operación por un lote en Chimbas con Dav. En su hogar de Capital, Antonio Juárez facilitó los recibos de la transacción con Scop por un terreno chimbero. En el departamento capitalino, Mercedes Padilla hizo lo mismo con los documentos de la venta de un inmueble de Chimbas a Miliar, Construcciones Industrial y Guillermo Emilio Fernández. Los policías recabaron la información de la casa de Juan Carlos Martín, en Rawson, por la operación de un lote en Pocito con Sav. Por último, de la casa de Alfonso Martín, en Rivadavia, secuestraron registros de operaciones con Terusi y Scop.
14 Son las operaciones sobre las que la Policía pudo secuestrar documentación en los operativos en los hogares de los vendedores de lotes.
37,5 Millones de pesos es la diferencia de más que terminó pagando el IPV por todos los terrenos que le compró a los empresarios.
Bajo la lupa
Las 16 operaciones que están sospechadas corresponden a lotes que empresarios le vendieron al IPV para construir casas en los departamentos Rawson, Chimbas, Pocito y Santa Lucía. El plan se ejecutó en la gestión pasada en el marco del programa Techo Digno, cuya ejecución se financió con dinero que aportaba la Nación.
Las presuntas irregularidades fueron detectadas primero por la Unidad de Información Financiera (UIF) y después por la Procelac, una unidad especial de investigación de lavado de dinero que pertenece al Ministerio Público de la Nación, quien hizo la denuncia en la Justicia Federal con asiento en San Juan. Entre lo que pagaron los empresarios y el precio al que le vendieron días después al organismo provincial hay diferencias que van del 31 al 639 por ciento.