El plan nacional Techo Digno que instrumentó el IPV contemplaba que las empresas no sólo hicieran sus ofertas por la construcción de casas sino que también presentaran el terreno en donde se iban a levantar. De la operatoria surge que hubo 10 compañías que compraron 16 inmuebles a un determinado valor y que luego los vendieron a la repartición pública por un monto muy superior. Según la documentación, la diferencia en todas las operaciones realizadas entre fines de 2014 y el transcurso de 2015 ascendió a 37 millones de pesos. La cifra es la que está bajo la lupa de la Justicia Federal, que busca determinar si hubo sobreprecios y un perjuicio para el Estado. Una de las transacciones que más llamó la atención es la que efectuó una constructora que adquirió un lote a 985 mil pesos y luego lo comercializó, a los pocos días, a 3,5 millones, es decir, con un aumento del 255 por ciento.

Las diferencias saltan a la vista en el expediente. Por un terreno en Chimbas, una firma pagó 6 millones de pesos y luego lo vendió al IPV en 10 millones, con un 66,6 por ciento de incremento. La repartición también adquirió otro terreno chimbero en 5.900.000 pesos cuando la compañía lo consiguió en 2.300.000 (un 156 por ciento más caro). Y desembolsó por otro lote 5.100.000 pesos, a pesar de que a la empresa le había costado 1.700.000 (un 200 por ciento más). Con distintas variaciones, los casos se acumulan en el expediente, en donde se revela que las operaciones se hicieron el mismo día, a los 2, 3, 6, 7 y 14 días después. Tales diferencias, en un margen tan corto de tiempo, sin que las condiciones de mercado hayan cambiado, es lo que despierta la sospecha de sobreprecios.

Fuentes ligadas al caso no descartan la hipótesis de que las constructoras hayan tenido la suerte o la habilidad de conseguir los inmuebles a un buen precio y que después el IPV haya comprado al valor que correspondía, pero no dejaban de reconocer que, de mínima, llama la atención. La causa salió a la luz el miércoles, cuando la Policía Federal se llevó documentación de las oficinas del IPV referida a la edificación de viviendas en Rawson, Chimbas y Pocito, que comenzaron en 2015. Pero las sospechas se habían disparado tiempo atrás. Las operaciones entre los dueños de los terrenos y las constructoras y entre estas y el Estado habían quedado registradas en escribanías y el Registro Inmobiliario. Estos últimos están obligados por ley a informar las transacciones superiores a 500 mil pesos a la Unidad de Información Financiera (UIF). En el organismo detectaron las diferencias y enviaron los datos a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) del Ministerio Público Fiscal de la Nación, que a su vez hizo una investigación preliminar y radicó la denuncia hace unas dos semanas en la Fiscalía Federal con asiento en San Juan.

El secretario de Vivienda, Vicente Marrelli, y el empresario Cesar Borrego señalan que las licitaciones fueron transparentes, dado que se fijaron precios topes. Los investigadores habían puesto la lupa en 21 empresas, pero luego del análisis de la documentación que había recolectado la UIF y la Procelac, más los expedientes del IPV, el espectro se redujo a las 16 operaciones que realizaron 10 firmas, cuyos nombres no trascendieron. En la Justicia apuntan a establecer si hubo o no complicidades entre funcionarios y empresarios.